Con solo durar hasta el fin de su mandato, el Gobierno más débil y mediocre de los últimos veinticinco años pudo haberle hecho un gran favor a la democracia ecuatoriana. No solamente habría sido el primero que desde 1996 lograría concluir su período, sino que con ello se habría podido contar con algo de optimismo sobre el futuro de las instituciones. Precisamente por débil y mediocre, su permanencia habría sido más significativa ya que no se la habría podido atribuir a los atributos del Mandatario y de sus folclóricos colaboradores. Sin embargo, su irrefutable incapacidad y la inocultable voracidad de sus aliados hicieron que esa posibilidad se desvaneciera. Con todo lo ocurrido, y aunque logre llegar hasta enero del año 2006, pasará a la historia no solo como un gobierno de oscuros personajes que apenas pueden articular un pensamiento y medio, sino como uno de los que más daño le han hecho al país.

La conclusión de su período sin sobresaltos y sin mayores traumas era posible porque se conjugaban varios factores. Disfrutaba de condiciones económicas envidiables a causa de los precios del petróleo y de las remesas de los emigrantes, e incluso tenía el apoyo de determinados grupos empresariales que le prestaban sus tecnócratas. Contaba con el desgaste de los partidos tradicionales –y en general de todos los partidos–, así como de los movimientos sociales y de los grupos de presión, dentro del agotamiento generalizado de la política convencional. Se encontraba, por fin, con una situación internacional relativamente favorable, en la que el problema verdaderamente serio consistía en saber tomar las decisiones adecuadas para evitar que el conflicto colombiano afectara al país.
Pero todo eso se fue por el desagüe cuando lanzó la arremetida para lograr el control total de los poderes del Estado. A partir de ese momento no solo incrementó la inestabilidad de su propio gobierno, sino que llevó al punto máximo la crisis institucional. Un punto sin retorno en el que ya no es posible hablar de vigencia del Estado de derecho y de la democracia.

Como era de esperarse frente a un panorama sin instituciones conformadas de acuerdo a los procedimientos establecidos y a las normas vigentes, la política ha vuelto a las calles. El éxito de la marcha de Guayaquil, la próxima realización de la de Quito e incluso los mismos intentos de los aliados gubernamentales de hacer las suyas, así como las formas de protesta por el asalto al Poder Judicial, demuestran en dónde se debaten los asuntos del país. Ante la evidencia electoral de su debilidad y aconsejado por las mentes febriles que lo rodean, el Presidente escogió el escenario callejero. Por tanto, es quien menos puede quejarse por la respuesta. De aquí en adelante deberá moverse en ese espacio y con las reglas que le corresponden, vale decir con las normas del tumulto y del grito. No hay condiciones institucionales –porque no hay instituciones– para procesar los conflictos. Nuevamente la política está en la calle y allí se juega la vida del Gobierno y del país.