El procurador general del Estado, José María Borja, reconsideró ayer su posición respecto al tiempo que servirá de base para el cálculo de las indemnizaciones de alrededor de 5.000 servidores públicos, quienes serán despedidos –según el plan del gobierno– hasta fines de este mes.

Según las resoluciones expedidas por el Procurador el 6 y el 28 de mayo del 2004 (8594 y 9123, respectivamente), la indemnización de mil dólares por año de servicio “debe entenderse tomando en cuenta únicamente aquellos años laborados en la institución en la cual se produce la supresión de la partida; esto es, aquella que toma la decisión de cesar al servidor”.

Eso significaba que si algún servidor, luego de trabajar en una institución, se cambió a otra, el pago por el despido solo correría por el tiempo que ocupó en su última función.

Sin embargo, ayer, mediante oficio 14015, dirigido al ministro de Economía, Mauricio Yépez, el Procurador revisó esa decisión, “quedando como criterio definitivo... que para el pago de indemnización... debe tomarse en cuenta todo el tiempo de servicio en el sector público y no únicamente en la última dependencia en que se haya encontrado el servidor”.

Para el Ministerio de Economía (MEF) y la Senres (Secretaría Nacional de Remuneraciones), esta disposición evita “un sinnúmero de eventuales procesos judiciales que acarrearían gastos adicionales a la Caja Fiscal”, como reliquidaciones, intereses, multas o juicios, según el oficio 7226, enviado el 13 de diciembre pasado por Vicente Páez, subsecretario general de Coordinación del MEF, al Procurador.

Entre tanto, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos (Fedesep), afirmó que, más allá del dictamen del Procurador, el programa de despidos del gobierno “es inconsulto, unilateral y antitécnico”, por lo que anunció un paro de actividades a partir del 17 de enero.

García criticó, además, que los despidos no incluyan a los empleados de las entidades autónomas (superintendencias, Petroecuador, municipios), cuyos salarios –dijo– superan a los vigentes en el gobierno central (ministerios).

En el paro, según la Fedesep, participarán los servidores de las 69 entidades públicas que están sometidas al proceso de reducción de personal.