Cientos de ecuatorianos hacen largas filas en las afueras de las oficinas de regularización de emigrantes, con el objetivo de legalizar los papeles de sus familiares que han emigrado a España, donde está a punto de aplicarse nuevas normas de inmigración, informaron este martes fuentes periodísticas.
 
Muchos de los ecuatorianos incluso duermen en las afueras de esas dependencias para obtener las certificaciones que requieren sus parientes para legalizar sus documentos en España.
 
Una de las personas que aguardaba a ser atendida, denunció que ciertos "tramitadores" o personas anónimas que se dedican ilegalmente a procesar la información, exigen el pago de entre 10 y 50 dólares para agilizar el proceso.
 
Las filas se repiten en las oficinas de Asuntos Migratorios de la Cancillería en Quito y en Guayaquil, a donde acuden personas provenientes de todo el país.
 
La mayoría de personas intenta conseguir el certificado sobre el pasado judicial de sus parientes, un requisito indispensable para legalizar sus documentos en España.
 
Las autoridades ecuatorianas preparan el envío de un equipo especial de la policía a España para facilitar la gestión directamente con los emigrantes.
 
También han advertido de que la aglomeración de personas en las oficinas de Quito y Guayaquil se debe a que los interesados no han tramitado a tiempo sus documentos y recordaron que el proceso comenzó hace casi un año.
 
Desde el próximo 7 de febrero hasta mayo los extranjeros ilegales en España podrán regularizar sus documentos si cumplen varios requisitos como la obligación de empadronarse, la presentación de un contrato de trabajo, el pasaporte y el pasado judicial.
 
El cónsul español en Ecuador, José Antonio Sabadell, indicó a la emisora de televisión Ecuavisa que los inmigrantes ilegales en su país deben presentar los documentos a su empleador, que debe legalizar su situación.
 
Sabadell explicó que los extranjeros que no regularicen sus papeles "pueden ser afectados por este proceso".
 
Enrique Amores, jefe de la Policía Judicial de Ecuador, indicó que se encuentra listo el grupo que se desplazará a España para entregar los certificados del pasado judicial, aunque el Ministerio de Economía aún no ha transferido los 120.000 dólares que se requieren para ejecutar la medida.
 
Amores precisó que la Policía ecuatoriana prevé instalar oficinas en Madrid, Valencia, Barcelona y Murcia.
 
En España viven unos 175.000 ecuatorianos con todos los documentos en regla y otros 200.000 en calidad de ilegales, según cálculos oficiales locales.
 
España se convirtió desde 1999 en el destino principal de los ecuatorianos en Europa tras la crisis financiera que se produjo en ese año, que incluyó el cierre de varios bancos y el paso de otros a manos del Estado.