El gobierno español aprueba hoy el reglamento de la Ley de Extranjería, con el cual se abrirá un proceso de regularización que puede afectar a más de 800.000 inmigrantes ilegales en este país, la mayoría procedentes de Latinoamérica.

El nuevo reglamento establece los requisitos para que los inmigrantes residan y trabajen legalmente en España y abre un proceso especial de tres meses para la normalización de los trabajadores.

El Reglamento de la Ley de Extranjería, que el Gobierno español aprueba hoy, abrirá un proceso de regularización que puede afectar a más de 800.000 inmigrantes ilegales en este país, la mayoría procedentes de Latinoamérica.

El nuevo Reglamento, que será aprobado por el último Consejo de Ministros del año, establece los requisitos para que los inmigrantes residan y trabajen legalmente en España y abre un proceso especial de tres meses para la normalización de los trabajadores en situación administrativa irregular.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre el número de inmigrantes en España es de que bordea los 3 millones y, según estimaciones del Gobierno, la cifra de los ‘sin papeles’ se sitúa en torno a los 800.000.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, fue la encargada de llevar a buen puerto la negociación del Reglamento, que en líneas generales también contó con el beneplácito de las asociaciones de inmigrantes y ONG que trabajan con este colectivo.

El conservador Partido Popular se opuso a la regularización extraordinaria que recoge el Reglamento en una de sus disposiciones transitorias, por considerar que no se puede iniciar ese proceso sin conocer las previsiones concretas, qué consecuencias puede tener para el empleo y qué capacidad de acogida tiene el país receptor.

Al entrar en vigencia los indocumentados tendrán tres meses para regularizar su situación si un empresario les contrata por un periodo mínimo de seis meses y, además, demuestran una estancia en España de, al menos, medio año.

Transcurridos los tres meses, habrá sanciones de hasta 60.000 euros ($ 81.000) para los empresarios que infrinjan la ley y órdenes de repatriación para los inmigrantes que no hayan conseguido su documentación.

Marcha de emigrantes
Familiares de emigrantes ecuatorianos marchan hoy en Quito al Palacio presidencial para exigir el traslado inmediato de las brigadas policiales a España para la entrega de récord policial anunciado por la Cancillería, requisito indispensable para el trámite de regularización.