España aprobará esta semana una innovadora legislación que vincula la obtención de "papeles" con un empleo, lo que supone un cambio radical en la forma en que se gestiona el delicado tema de la inmigración en el seno de la Unión Europea.
 
La propuesta gubernamental surge de la necesidad de integrar mejor a los inmigrantes en la sociedad y pretende que estos paguen impuestos, ya que los empleadores pagan por ellos a la Seguridad Social, dijo la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, en una entrevista concedida a Reuters.
 
"Por primera vez la inmigración sale del Ministerio del Interior, tiene la dirección política en el Ministerio de Trabajo (....) y vincula la inmigración a la dimensión laboral, y no al ámbito de seguridad o policial", afirmó la ministra del gobierno socialista.
 
La medida también está en línea con la sugerencia de la Unión Europea de que los países intenten vincular la inmigración con el crecimiento económico.
 
"Es tan llamativo que hasta la UE quiere conocer cómo lo estamos haciendo (...) y países como Italia, Reino Unido y Portugal nos han pedido reuniones bilaterales para que les expliquemos el desarrollo de la ley", dijo Rumi sobre un texto considerado por la Comisión Europea "audaz e innovador".
 
El Consejo de Ministros del jueves tiene previsto aprobar el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería y que podría afectar a parte de los 800.000 inmigrantes que se estima trabajan de forma irregular en el país.
 
España es la principal puerta de entrada a Europa para los inmigrantes ilegales y más de un quinto de los que arriban con éxito terminan en otros países de la UE.
 
"El efecto llamada de nuestro país es la economía sumergida (mercado negro), el empleo ilegal (..) y eso es lo que este gobierno quiere romper y cortar", dijo Rumi sobre un problema heredado del anterior mandato del conservador Partido Popular, la única formación política que no lo ha apoyado.
 
El reglamento entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial el Estado (BOE), previsiblemente a principios de febrero.
 
A partir de esa fecha, el gobierno abrirá un período de tres meses para tramitar las solicitudes de permiso de trabajo de aquellos extranjeros que lleven al menos seis meses empadronados, no tengan antecedentes penales y dispongan de un contrato de trabajo.
 
"La mayoría de la solicitudes las van a presentar los empresarios y, por tanto, estos van a utilizar el sistema red de la Seguridad Social", dijo la ministra.   
 
Sin excusas para nadie 
 
Una vez transcurridos esos tres meses, habrá sanciones de hasta 60.000 euros (81.000 dólares) para los empresarios que infrinjan la ley y órdenes de repatriación para los inmigrantes que no hayan conseguido su documentación.
 
"Después de la disposición transitoria, no habrá excusas para nadie", advirtió Rumí, que en enero detallará el procedimiento.
 
El reglamento -que arranca con un amplio respaldo político, social, sindical y empresarial- pretende así ordenar los flujos migratorios, luchar contra las redes de inmigración ilegal, el mercado negro e integrar a los que ya están.
 
El proceso se financiará con unas tasas que el solicitante del permiso de trabajo pagará, similares a las que se abonan por la gestión del documento de identidad.
 
"Si los instrumentos funcionan la migración regular será posible", auguró Rumí.
 
El fenómeno de la inmigración en España ha duplicado la población extranjera en cuatro años, representando un 7 por ciento de los 43 millones de habitantes del país, según datos actuales del INE.
 
Muchos de los inmigrantes provienen de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Venezuela.
 
Algunas previsiones estiman que en el 2015 casi el 30 por ciento de la población española será extranjera.
 
Este año las repatriaciones, sin embargo, aumentaron un 25 por ciento con respecto al año pasado, con casi 100.000 personas repatriadas.
 
Los inmigrantes ilegales que llegan en balsas representan tan sólo el 10 por ciento de las entradas ilegales en el país, mientras que el 23 por ciento de las entradas de inmigrantes hacia Europa lo hacen a través de España.