La Asociación de Canales de Televisión fue una de las suscriptoras del manifiesto “Unidos contra la delincuencia”, en el que las llamadas “fuerzas vivas” de Guayaquil (el Municipio y las cámaras, la radio y la TV) condenaron la decisión de retirar de las calles a los guardias privados que cumplían labores de vigilancia pública, e impusieron un plazo al ministro de Gobierno: si en 30 días “no se permite restablecer la seguridad privada (…) o aumenta la inseguridad”, tendrá lugar una “protesta cívica general”.
Los noticiarios, desde luego, actuaron en consecuencia: con férrea unanimidad en torno a la propuesta de las “fuerzas vivas”. Me pregunto cómo se hace para mantener el compromiso con una declaración política de esta naturaleza y practicar el periodismo al mismo tiempo. La respuesta es simple: no se puede. Lo que hemos visto esta semana con respecto a lo que todos los informativos llaman “la polémica” sobre la seguridad privada, es un cúmulo de informaciones imprecisas y sesgadas. Cero periodismo.
La televisión ha eludido reporterías obligatorias. La actitud de Carlos Delgado, de Telesistema, durante su entrevista de este martes con el Presidente de la República, es emblemática a este respecto. Hablando de la formación que reciben los vigilantes de una de las compañías de seguridad comprometidas en el proyecto municipal, decía, con ademán de quien lo da por sobrentendido: “no voy a decir el nombre de la compañía”. En efecto, desde la perspectiva de los noticiarios, ese dato es irrelevante: el nombre de la compañía “no me acuerdo”.
Los guardias privados empezaron a patrullar un día y la única cobertura televisiva consistió en enviar una cámara para constatar que estaban ahí. Sí, ahí están, qué bueno, ahora tendremos un aparato de represión más efectivo. Pero ¿cómo funciona ese aparato? ¿A quién deben obediencia esos hombres armados? ¿De qué forma se establece la cadena de mando? Eso, la TV no lo cuenta. En cuanto al entrenamiento de los guardias, los noticiarios se contentan con una explicación simple: han sido formados por ex oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas.
No hay de qué preocuparse porque “son mejores tiradores”, según feliz hallazgo de Carlos Delgado. Pero ¿saben qué cosa son los derechos civiles? En la vigilancia privada, cualquier intruso que franquea el límite de la propiedad sin el debido permiso es un transgresor. Punto. Pero ¿y en la calle? ¿Sabrían los guardias privados diferenciar entre un sospechoso y un delincuente?
Todas estas distinciones son demasiado sutiles para una televisión que nos induce y exige una posición a favor de un proyecto sobre el que no hizo periodismo. Y como los analistas no pueden llegar a donde la reportería no conduce, los canales terminaron por simplificar el debate hasta el extremo. Ahora todo parece depender del número de efectivos en las calles. El análisis de los noticiarios no llega ni de lejos a imaginar las implicaciones políticas que puede acarrear la existencia de una guardia privada con licencia para operar en el espacio público.
Pero ¿quién ha dicho que a la televisión le importa lo público? Yo diría, más bien, que todos los días demuestra lo contrario.
Ejemplo: al día siguiente de la intervención del Ministro de Gobierno para retirar a los guardias, Carlos Vera se escandalizaba de que el Estado osara intervenir en un contrato privado. Y reclamaba airadamente a los empresarios involucrados:
¿cómo es posible que se dejen atropellar de esta manera? ¿Y sus clientes? ¿Por qué se los irrespeta así? En ejercicio de su sagrada indignación, ni siquiera se detuvo Vera a pensar por un momento que ese “contrato privado”, como lo llama él, está hecho para regir sobre un ámbito público. El interés público, simplemente, desaparece. Ya no hay Estado, sino proveedores. Ya no hay ciudadanos, sino “clientes”. Así, en aras de la seguridad privada, la televisión está dispuesta a sacrificar cualquier interés público.
¿Otro ejemplo? Hace poco, Rodolfo Baquerizo entregó “la gabardina de la semana” al SRI, por el crimen de haber publicado en el internet la lista completa de contribuyentes con la cantidad exacta de impuestos que paga cada uno. ¡Que esa información sea pública es un aviso a los secuestradores!, bramaba Baquerizo. Exigía, en nombre de la seguridad personal de los que más tienen, que los ciudadanos renunciemos a la conquista que significó la ley de transparencia.
¿Otro ejemplo más? Hace unos meses, Félix Narváez defendía a los propietarios organizados de algunos barrios de Quito que, atemorizados por los robos de casas, mandaron a cercar la calle para que no entren los delincuentes. Cuando el sociólogo Fernando Bustamante le explicaba que la calle es un espacio público, que no puede ser cercado por personas particulares y que las ciudades se convertirían en espacios intransitables si todo el mundo reivindicara el derecho de hacer eso, entonces Narváez replicaba de forma inapelable: “con todo respeto, no estamos en París”.
Ya no es solamente que la televisión decidiera aplicar un determinado sesgo a un seguimiento noticioso particular. Este es un problema más estructural y, entre otras cosas, sin duda tiene que ver con la temeraria ignorancia que demuestran algunos de los personajes más promocionados de la pantalla en relación con lo que significa la convivencia civilizada en un Estado de Derecho. Cosa gravísima, pues los personajes a los que nos referimos son, precisamente, algunos de los encargados de llevar al público la información y la orientación política, es decir: es gente que influye sobre las tendencias de opinión política de la sociedad.
“Con todo respeto, no estamos en París”. Allá, la civilización, la primacía del interés público, la Democracia. Acá, la ley de la selva. O, como dijo el miércoles Manuel Maldonado, sin tomar conciencia de la gravedad de sus palabras y del poder de su micrófono: habrá que defenderse uno mismo. Y conste que él no fue el único en apelar a la autodefensa esta semana.
“Que opinen los ciudadanos, a ver si toleramos que en esta ciudad los protegidos sean los delincuentes y los desprotegidos los inocentes”. ¡Vaya invitación al debate la de Carlos Vera! Es igual que las preguntas de esas encuestas amañadas, hechas para inducir al público a responder de una determinada manera: ¿está de acuerdo usted con el incremento del costo de la vida? ¿Le parece bien que se proteja a los delincuentes? Con planteamientos así, la televisión repite el mismo tratamiento que aplicó a la píldora del día después: volver impracticable el debate.
Es una vergüenza para el periodismo y una derrota para el país.