Sectores representativos de Guayaquil ponen plazos y anuncian protestas en contra de la delincuencia.

Los sectores representativos (Municipio, Junta Cívica y cámaras de la Producción) de Guayaquil dieron ayer un plazo de 30 días al régimen gubernamental para que anule la disposición del ministro de Gobierno, Jaime Damerval, de suspender a las cuatro empresas de seguridad privada que vigilaron, hasta la noche del lunes pasado, los 40 puntos considerados críticos de esta ciudad junto a la Policía.

“Si en ese plazo no se permite restablecer la seguridad privada, no se vigilan los citados sitios las 24 horas del día, los siete días de la semana, o aumenta la inseguridad, convocaremos a una protesta cívica general contra la delincuencia y los responsables de la desprotección de las vidas y los bienes de los habitantes de Guayaquil”, sostiene un comunicado firmado por autoridades locales.

El anuncio lo hicieron el alcalde  Jaime Nebot, y los presidentes de la Junta Cívica de Guayaquil, Carlos Estrada; de la Cámara de Industrias, Alberto Dassum; de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Antonio Guerrero; de la Cámara de Construcción, José Centeno; de la Asociación de Canales de Televisión, Jorge Kronfle; Cámara de Comercio de Guayaquil, Eduardo Maruri; de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, Renato Carló;  y de la Corporación de Puestos de Auxilio Inmediato, Francisco Alarcón.

En una rueda de prensa efectuada a las 10h30 de ayer en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil, Nebot presentó un documento en el cual él y las demás autoridades sostienen que el “Ministro de Gobierno, en forma absurda, ilegal, violando el convenio que firmamos con la Policía, atentando contra la libre contratación, y sobre todo, en forma injusta ha retirado la seguridad privada, perjudicando a los ciudadanos”.

El documento agrega que con la intervención de las compañías privadas de seguridad (que se inició el 3 de diciembre pasado) se logró reducir a cero los delitos en los 40 sectores peligrosos de Guayaquil, incluidos los secuestros express.

Aunque inicialmente los delegados se negaron a dar declaraciones adicionales, Dassum dijo que el régimen no puede vulnerar el derecho ciudadano a la seguridad.

Dassum señaló que la Cámara de Industrias, entidad que contrató los servicios de las compañías privadas, gasta 38.000 dólares mensuales en el pago del personal de seguridad privado y no 1’300.000 dólares como lo aseguró Damerval el viernes pasado.

“Yo quisiera ver los recursos que le corresponden a la Policía llegar a Guayaquil con agilidad. Nadie puede decirle al sector privado cómo debe invertir su dinero”, expresó el empresario en respuesta al pedido de Damerval de utilizar esos recursos en el pago de los uniformados.

Renato Carló indicó que los policías resguardan los puntos críticos de la ciudad solo durante el día, “cuando los guayaquileños los vemos”. Descartó que el rechazo a la disposición de Damerval signifique un apoyo al Partido Social Cristiano para que recupere la mayoría parlamentaria.

Mientras tanto, la madrugada de ayer fue asaltado un locutorio de la empresa Alegro, ubicado en Rumichaca entre Vélez y Luque, cercano a uno de los 40 puntos críticos.

OPINIONES

	Silvia López “El retiro de los guardias privados nos quita protección y seguridad y no estoy de acuerdo. Los robos eran a diario en varios sectores y no se podía caminar tranquila. Pensamos que con los guardias privados la cosa mejoraría, y sucedió por 11 días, pero otra vez la incertidumbre de la inseguridad”.
	Abel León “Ahora la ciudad está desprotegida porque la Policía no alcanza a cubrir las zonas críticas y acabar con la delincuencia. En esta oportunidad la empresa privada quiso dar seguridad a nuestra ciudad, pero desgraciadamente el Ministro de Gobierno quiere que los robos se mantengan”.
	María de Santisteban “Está mal que los guardias de seguridad privada hayan sido retirados de los lugares de riesgo. Los policías no se abastecen con tanta delincuencia que hay en la ciudad por la falta de recursos. El Ministerio de Gobierno debe dejarlos trabajar porque hacen una buena obra”.
	Julio Aldás “No es bueno para la ciudad que esto haya sucedido porque las autoridades deben velar por los intereses de la comunidad y no quitárselos. Hay que apoyar a la Policía en su plan de seguridad comunitaria, pero también a la labor de otras entidades”.