Hay dos problemas con el debate sobre las pastillas Postinor 2 en la televisión ecuatoriana. En primer lugar, es un debate sin reglas claras. En segundo lugar, la televisión lo tiene resuelto de antemano a favor de la Iglesia.

Recapitulemos: la Postinor 2 saltó al debate el pasado 8 de noviembre, cuando la empresa Galiafarm lo presentó durante la apertura de un congreso internacional de ginecología y obstetricia. Un contexto bastante científico para un lanzamiento de tintes más bien comerciales.

Los representantes de la farmacéutica fueron los primeros en acudir a los estudios de televisión para explicar el funcionamiento de la pastilla, cosa que hicieron en términos sospechosamente elementales y excesivamente publicitarios. Más convincentes fueron los funcionarios de la Corporación para la prevención de embarazos no deseados (Copprende, la ONG que promueve el producto), quienes expusieron alarmantes estadísticas y argumentaron sobre la importancia de la píldora desde la perspectiva de la salud sexual y los derechos reproductivos.
La Iglesia se opuso desde el primer momento por considerar que la Postinor 2 es una píldora abortiva, cosa que sus defensores niegan enérgicamente. Sacerdotes y creyentes, miembros de grupos juveniles o profesionales de acción católica, fueron invitados en todos los programas matinales de entrevistas para exponer la posición católica sobre el tema. Así quedaron definidos los límites del debate.
Pero las posiciones eran irreconciliables y conducían a un punto muerto.

En principio, el marco legal del problema era bastante claro: el aborto es un delito en el Ecuador; los artículos 441 al 450 del Código Penal fijan penas de cárcel que van de los seis meses a los 16 años, según la gravedad del caso. Además, el artículo 49 de la Constitución garantiza el derecho “a la vida desde su concepción”.

Quedaba por definirse la espinosa cuestión de si la píldora de marras es o no un abortivo. Hay que decir que ni los ejecutivos de la farmacéutica, ni los funcionarios de la ONG, ni los representantes de la Iglesia hicieron mucho por despejarnos esa duda.

Es natural, por lo demás, ya que se trata de un tema para el debate científico. Así, pues, la televisión invitó a especialistas de distintas ramas de las ciencias médica y biológica para zanjar la disputa. Pero estos, oh problema, tampoco lograron ponerse de acuerdo. Transcurridas varias semanas de debate por televisión, ninguno de los argumentos expuestos es lo suficientemente sólido como para decidir el debate en favor de una u otra parte. Al contrario, todo parece indicar que no existe una conclusión definitiva.

Ante este dilema, los canales respondieron casi al unísono que, mientras exista una posibilidad, por pequeña que sea, de que la píldora actúe como un abortivo, entonces debe ser proscrita. Así, con palabras iguales o muy parecidas, lo han dicho numerosos animadores y presentadores de noticias de prácticamente todos los canales durante los últimos 20 días. Se apoyan en un hecho que juzgan concluyente: “al fin y al cabo, el 90% del Ecuador es católico” (esto también lo dicen todos). Tema resuelto.

Se trata de una solución provisional pero no menos arbitraria. De hecho, las cosas podrían ser exactamente al revés: se puede pensar que es a los demandantes, en este caso el grupo de Abogados por la Vida, a quienes corresponde demostrar los efectos abortivos de la píldora. Mientras los científicos no lleguen a un acuerdo a este respecto, es lícito afirmar que no existen argumentos válidos para prohibir su venta.

En la televisión nacional, en cuestiones relacionadas con la fe, la moral y las buenas costumbres, los argumentos religiosos predominan sobre cualquier otro.
Imponer ese tipo de criterios en una discusión que debiera regirse por las reglas del método científico y las normas legales vigentes, y luego darla por zanjada con el argumento de que “ese es el sentir de la mayoría católica del país”, como se dice y se repite, es una flagrante violación de las reglas del debate.

Ciertamente, la Iglesia es una de las instituciones más respetadas e influyentes del país y, como tal, tiene todo el derecho de acceder a un espacio de proyección pública en la televisión. Así lo han entendido los canales, de modo que, en la actualidad, la televisión nacional ofrece una variedad de programas confesionales, programas para católicos, en los que la Iglesia es libre de tele adoctrinar a los fieles y tele evangelizar a los infieles de la manera que juzgue más conveniente. No hay ningún reproche que hacer al respecto.

Ahora bien: en la TV hay otros espacios en los que también la Iglesia puede participar libremente pero que no le pertenecen. Son espacios en los que confluyen diferentes “actores” (por usar el término sociológico en boga) que representan a distintos sectores de la sociedad.

Esos espacios cumplen una función pública y representan la faceta de la TV como tribuna abierta para el debate de temas de interés general (la pastilla Postinor 2, por ejemplo). Cuando la Iglesia comparece a esa tribuna televisiva para expresar sus criterios, lo menos que se puede esperar de ella es que esté dispuesta a aceptar la existencia de puntos de vista diferentes al suyo y de políticas que no necesariamente se ajusten a su Doctrina. Lo contrario es como presentarse al debate para no debatir.

Independientemente de los pecados que están dispuestos a cometer en el nombre del rating, los canales ecuatorianos son, básicamente, empresas católicas, eso es innegable. Prácticamente todas las figuras medianamente importantes de la pantalla, desde Frank Palomeque hasta Carlos Vera, pasando por chismógrafos, cómicos y payasos, hacen regularmente algún tipo de manifestación pública de su fe. Todo eso está muy bien. Lo que no está bien es que, en nombre de esos criterios religiosos que debieran restringirse al ámbito de los personal, la televisión desvirtúe debates públicos, debates que nos interesan a todos.