Unas 40 organizaciones de inmigrantes, derechos humanos y legales, unidas en la Red Ciudadana por la Igualdad, instaron al gobierno socialista a incluir una serie de modificaciones a su reglamento sobre inmigración para que no termine siendo un “estrepitoso fracaso”.
El gobierno abrirá entre febrero y abril del 2005 un proceso extraordinario de regularización que permitirá legalizar a alrededor de un millón de extranjeros sin papeles.
Sin embargo, la Red Ciudadana mencionó el miércoles pasado varios puntos sobre los que reclama “flexibilización”, entre ellos el empadronamiento como única constancia de entrada a España, la exigencia de un certificado de antecedentes penales, la ausencia del reglamento de los convenios bilaterales en materia de inmigración, en particular con países de América Latina, la exclusión de los trabajadores autónomos y las carencias en materia de regularización familiar.
“Mucha gente no fue a empadronarse a los ayuntamientos por miedo”, pues la Ley de Extranjería –superior al reglamento– autoriza a la policía a acceder a esos listados, y “muchos ayuntamientos se negaron a empadronar a inmigrantes ilegales”, afirmó el abogado Carlos Slepoy, de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Argentinas en España.
Existen otras formas “legales” de justificar la entrada a España como el sello en el pasaporte, un contrato de alquiler, cuentas bancarias o inscripción en consulados, explicó Slepoy.
Las entidades calificaron de “omisión inexplicable” que el reglamento no contemple a los trabajadores autónomos y advirtieron de que la exigencia de un certificado de antecedentes penales podría convertirse en un “obstáculo”, pues muchos consulados están colapsados, hay países sin representación consular y en otros sería impensable pedir un certificado de esa índole, como en algunas naciones africanas, destacó Ángeles Álvarez de la Asociación Libre de Abogados.
Otro punto es que el reglamento no contempla la regularización del núcleo familiar del inmigrante lo que afectaría a los menores, señalaron.