Los representantes de las cámaras de Guayaquil respaldan al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador (Fedecámaras), Blasco Peñaherrera Solá, quien señaló que ciertas instituciones, como la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), “están siendo utilizadas para perseguir a personas y a empresas por retretas personales”.

Peñaherrera afirmó que si el primer mandatario, coronel Lucio Gutiérrez, no ordena a sus colaboradores rectificar el accionar de ambas instituciones, “ese es un presidente que nos confirmaría que estamos viviendo en una antesala de dictadura”.

Los empresarios manifestaron además que el cobro que realiza la AGD a las empresas de Agustín Febres-Cordero, hermano del ex presidente y líder socialcristiano León Febres-Cordero, es ilegal y producto de una rencilla política.

“Yo creo que (el cobro a las empresas de Agustín Febres-Codero) es a todas luces un tema de retaliación política. Nosotros defendemos el principio, no a empresarios puntuales. No estamos de acuerdo en que se utilice la política para perseguir empresas”, afirmó Eduardo Maruri, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Renato Carló, quien dirige la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, precisó que el cobro de la deuda es correcto, “pero la forma no es legal”. “El Mandatario tiene que dedicarse a legislar y olvidarse de sus problemas con la oposición, si no lo sabe hacer, que contrate a gente que lo asesore”, dijo. El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Alberto Dassum, también considera que se están “utilizando entes del Estado para generar presión política”.

José Centeno, quien maneja la Cámara de la Construcción de Guayaquil, lamentó además la poca apertura que el Jefe de Estado ha mostrado hacia dicho gremio. “Hace mucho tiempo que no nos reunimos con el Presidente, no existe una apertura. Lo ideal sería reunirnos para que nos escuche y rectifique”, indicó.