El escándalo que envuelve a la cúpula policial ecuatoriana por su supuesta implicación en el tráfico de personas, que será investigado por el Congreso, ha puesto al descubierto el funcionamiento de las mafias de los "coyoteros".
 
Jorge Poveda, comandante de la Policía Nacional, aseguró hoy que comparecerá el próximo día 29 ante la comisión de Fiscalización del Congreso, que lo ha convocado, "y ante todas aquellas que sean necesarias".
 
Poveda, máxima autoridad policial de Ecuador, fue acusado, junto con otros siete altos cargos de esa institución, de estar involucrado en el tráfico ilegal de personas mediante supuestas actividades de complicidad.
 
El escándalo, que motivó numerosos artículos de prensa y reportajes en las emisoras de televisión ecuatorianas, estalló hace casi dos semanas, cuando un detenido por tratar de emigrar a Estados Uniods, Luis Flores Sarmiento, acusó a agentes de la policía y a altos mandos de cobrar dinero a cambio de dar información a las mafiosos traficantes de personas, conocidos como "coyoteros".
 
Flores, que se ha ratificado tres veces en sus acusaciones, se encuentra en un régimen de "protección a testigos", y por ello aislado en una cárcel de Quito.
 
Según su testimonio, tanto Poveda como el inspector general de la Policía, Marcelo Vega, y otros agentes en diversos grados jerárquicos cobraron dinero de las mafias de "coyoteros" a cambio de darles información de dónde se iban a efectuar las actividades de vigilancia, con el fin de que pudieran eludirlas
 
Poveda rechazó en varias oportunidades las acusaciones y opinó que su acusador forma parte de "un contubernio concebido para debilitar a una institución que lucha contra la delincuencia y el crimen organizado".
 
Al mismo tiempo, Poveda, al igual que los demás miembros de la Policía ecuatoriana inculpados, decidieron acogerse a los fueros y privilegios legales que les confiere su condición de uniformados y recusaron al fiscal de la Unidad de Delitos Migratorios del Ministerio Público, José Menéndez.
 
Ese funcionario denunció a principios de la presente semana que se siente víctima de un acoso sistemático y que ha sido "seguido por vehículos y personas", además de que sus teléfonos están intervenidos.
 
Los inculpados dijeron que Menéndez debe salir del caso y que tiene que ser la titular del Ministerio Público, la fiscal Mariana Yépez, quien se encargue directamente de la investigación.
 
Al hilo de estos acontecimientos, los medios de comunicación ecuatorianos difundieron en estos días diversos reportajes sobre el funcionamiento de las mafias de "coyoteros".
 
Según dichas informaciones, al menos tres barcos pesqueros ecuatorianos, con una media de cien personas a bordo, llegan cada día a las costas de Guatemala, desde donde luego cruzan todo México para tratar de entrar ilegalmente en Estados Unidos.
 
Antes de llegar a ese momento, los candidatos a la emigración ilegal son captados por los llamados "enviadotes", que negocian con los interesados su viaje a Estados Unidos por una tarifa de entre 8.000 y 10.000 dólares por persona, de los cuales ellos se quedan con entre 500 y 800.
 
Luego entran en escena los "armadores", o cabecillas de bandas", que organizan el flete con los dueños de barcos, autoridades de la Policía y la Marina, con los "bajadores" (en Guatemala) y con los encargados de llevar a los emigrantes por vía terrestre desde Guatemala a Estados Unidos.
 
Los "armadores" -según las informaciones locales- vienen a cobrar mil dólares por personas, de tal manera que sumados todos los gastos, incluidos los sobornos a las autoridades y el flete del barco y el pago al capitán del mismo, poner en el mar un barco abarrotado de inmigrantes ilegales cuesta unos 250.000 dólares.
 
Pese a ello, los ingresos de cerca de un millón de dólares por barco, obtenidos del cobro directo a los emigrantes y sin ofrecerles a cambio ninguna garantía de éxito, hacen del "coyoterismo" un lucrativo negocio.