Los empresarios españoles podrán pedir la  legalización de los extranjeros sin papeles que hasta ahora trabajaron en  negro, en el marco de un proceso de regularización “muy breve”, cuyo anuncio  generó reacciones dispares en la clase política y entidades de inmigrantes.

Este proceso durará “un tiempo breve, a definir, para legalizar esas  situaciones que están vinculadas al mercado laboral, con la idea de que será la  última vez que se hace un periodo transitorio de esta naturaleza”, anunció el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en rueda de prensa,  acompañado por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.

Según Caldera, son los empresarios quienes deberán solicitar a las  autoridades la regularización de sus trabajadores.

La víspera, Caldera había dicho que serían los trabajadores irregulares  quienes deberían “denunciar” su situación, aunque los empresarios no serán  multados.

La duración del plazo para acogerse a esa regularización y del periodo  mínimo de trabajo  serán  establecidos en la mesa de “diálogo social” con sindicatos, partidos y  empresarios, dijo Rumí a la radio privada Cadena Ser. El lunes, Caldera indicó que el inmigrante tenía que haber trabajado al  menos un año.