En las últimas elecciones, todos los canales de televisión (con excepción de Ecuavisa) vendieron espacios de publicidad a los candidatos Gutiérrez y Noboa, aun después de que se anunciara oficialmente que ambos se habían excedido del límite de gasto. Ocurrió el último día de campaña. Este año, la historia está por repetirse, solo que ahora no tendremos que esperar tanto para verlo. El consenso, propiciado desde el mismo Tribunal Supremo Electoral, es que la ley de control de gasto electoral está ahí para ser violada.

Es verdad que la ley es absurda y fija límites de gasto ridículos. Tan ridículos que, con solo pocos días de una modesta campaña de TV, el candidato a la alcaldía de Quito Rodrigo Paz ya agotó su cuota. Ahora bien: el hecho de que una ley esté mal diseñada ¿significa que cualquiera puede decidir, por sí y ante sí, hacer lo que le dé la gana? Así lo cree Paz. Él dijo que los límites fijados por la ley están para ser sobrepasados.

Más respetuosas con la institucionalidad, las asociaciones de canales y radios no hablan de violar la ley, sino de cambiarla. Proponen levantar todo límite y permitir que los candidatos gasten cuanto quieran.

No creo que los medios, en tanto parte interesada en el negocio de la publicidad electoral, estén indicados para intervenir en la fijación del límite de gasto. Y encuentro aún peor que su propuesta consista en prescindir de todo límite. Aun siendo mala, la ley vigente contiene un concepto clave, cuyo reconocimiento es una conquista ciudadana: la noción de que el gasto electoral debe ser controlado.
Es la única manera de evitar que la ciudadanía sea abusada a través de las ondas hertzianas. No es un problema de montos sino de conceptos.