En Guayaquil, las labores en el IESS se normalizarán de modo progresivo, desde hoy. En Quito, mañana.

Aunque la Ley de Incremento de Pensiones Jubilares entró en vigencia ayer, con su publicación en el Registro Oficial, su financiamiento aún no está seguro, informaron fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La principal fuente prevista hasta fines de año es el dinero que administra el Fondo de Solidaridad (FS), que hasta fin de año espera tener una utilidad de 80 millones de dólares.

El 78% de ese dinero ya está comprometido. Milton Ordóñez, gerente general del FS, propuso la eliminación de Corpecuador (creada para contrarrestar el impacto del fenómeno El Niño), lo que le significaría un ahorro de 22 millones de dólares.

“Corpecuador ya cumplió con su misión”, dijo y agregó que ese dinero puede financiar las pensiones.

El vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, coincidió con Ordóñez.
Otra de las opciones para cumplir con la ley es la de ejecutar recortes, según Xavier Ledesma, secretario de la Administración Pública.

La única decisión tomada por las autoridades económicas es -según fuentes del MEF- evitar que se utilicen los recursos del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y de Reducción del Endeudamiento Público (Feirep), pues en el texto aprobado por el Congreso se contempla esa opción para financiar el alza del 2004.

Ayer, las autoridades del Ministerio de Economía se reunieron, además, para analizar cómo afectará el incremento de las pensiones en la pro forma del 2005.
Para lo que resta del año, Economía calcula que necesitará en total 42 millones de dólares y para el próximo, 68 millones.

El Banco Central del Ecuador deberá analizar el impacto de la reducción de la tasa de interés de los bonos AGD que están en su poder y que financiará parte del alza de pensiones.