La televisión nacional está plagada de publicidad de las prefecturas de Guayas y Pichincha, publicidad que los candidatos Ramiro González y Nicolás Lapentti no reconocen como electoral.

González dice que no es propaganda sino “rendición de cuentas” y que su nombre ni siquiera se menciona. Es verdad, pero su cara está en todos lados. Cuando vemos la imagen del candidato enseñando a los niños a manejar las computadoras que acaba de regalar a la escuelita, no hay eufemismo en este mundo, por ingenioso que sea (“rendición de cuentas” o cualquier otro), capaz de persuadirnos de que lo que estamos viendo no es publicidad electoral.

En las cuñas de Lapentti tampoco figura el nombre del candidato. Y el rostro que aparece en la pantalla no es el suyo, sino el de su inclasificable mascota, Guayitas el Mapa. Pero escuchamos de principio a fin la musiquita de campaña, esas doce notas pegajosas que igual se utilizan para perifonear propaganda por las calles que para “rendir cuentas”, expresión que también define las intenciones de Lapentti y que este utilizaría si tan solo se le hubiera ocurrido primero.

En lo que tiene que ver con tiempo de exposición en pantalla, los alcaldes y prefectos que aspiran a la reelección han conseguido sacar, gracias a las rendiciones de cuentas, una enorme ventaja sobre sus oponentes. Estos están maniatados por una Ley de control de gasto electoral que (para desgracia de la televisión, principal damnificada de esta historia) fija montos ridículos.

En las últimas elecciones, por lo menos un canal (Ecuavisa) se negó a transmitir propaganda electoral luego de que las candidaturas agotaron su cupo de gasto. Este año, antes de que empiece la campaña, parece consolidarse el consenso de que “no queda más remedio” que violar la ley de control. La propaganda política de los candidatos a la reelección no viola la ley, pero bien que la torea.