Ante la amenaza emitida por Estados Unidos de retirar la ayuda para propósitos humanitarios o comerciales al Ecuador por estar en la lista de los 10 países que no cumplen con las normas de mínimas para eliminar el tráfico de personas, el ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda, indicó esta mañana que este es un tema que afecta a toda la sociedad ecuatoriana.
En diálogo telefónico con Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), Zuquilanda dijo que "lamentablemente son muchos los ecuatorianos que abandona el país por los problemas económicos y consideran que llegando a otros lados encontrarán grandes oportunidades de trabajo", pero no es así, porque en muchas ocasiones son llevados para obligarlos a trabajar como sirvientes o en el comercio sexual en especial a los niños.
El canciller señaló que el Gobierno se encuentra trabajando a través de varias instituciones del estado para tratar este tema con gran responsabilidad porque se trata de algo muy grave que tiene influencias dañinas y que no solo afecta al Ecuador sino a muchos países del mundo.
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Sobre la advertencia de perder los fondos de EE.UU, Zuquilanda expresó que el Ecuador no funciona con amenazas sino por razonamiento, “es verdad que existe el problema, pero hay que combatirlo eliminado las causas fundamentales que radican en las enormes dificultades económicas y en la sociedad que prefiere emigrar a otros países y así dañar la integridad familiar”.
“No hay que buscar sanciones unos contra otros sino establecer un mecanismo de apoyo para eliminar las amenazas en contra de las familias y de los menores ecuatorianos. Estamos trabajando con el Ministerio de Bienestar Social y el Instituto Ecuatoriano del Niño y la Familia (Innfa), para evitar este tipo de actividades que afecta la imagen internacional del Ecuador”, expresó el Canciller.
En el informe emitido por el secretario norteamericano de Estado, Colin Powell, se estima que de 600.000 a 800.000 personas, principalmente mujeres y niños hasta de 6 años, son traficadas para ser explotadas sexualmente cada año.
Los 10 países con tráfico humano son: Bangladesh, Cuba, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Guyana, Corea del Norte, Sierra Leona, Myanmar, Sudán y Venezuela, los cuales estarían sujetos a sanciones porque no cumplen completamente con los estándares mínimos fijados por las leyes estadounidenses.
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Entre los estándares mínimos incluyen prohibir formas severas de tráfico y castigar esos actos, la prescripción de castigos equivalentes a los delitos, y hacer esfuerzos serios y sostenidos para eliminar tal tráfico.