El Gobierno español informó este jueves que elaboró un "plan de choque" para reducir el colapso de expedientes de renovación de permisos para inmigrantes, que prevé crear 267 puestos en Oficinas de Extranjería, cambiar el sistema de cita previa y descentralizar la gestión del servicio.
 
El plan, se subrayó, quiere "evitar que la no tramitación de las renovaciones sitúe en la ilegalidad a los extranjeros que ya estaban en situación de legalidad" tras confirmarse que en la administración hay un atasco de 374.749 expedientes de inmigrantes sin resolver.
 
La mayoría de estos expedientes se refieren a renovaciones de permisos de residencia y trabajo de inmigrantes que ya residían legalmente en España y, según denunció el Gobierno español, se trata de un problema heredado del anterior Ejecutivo.
 
El contenido del plan se expondrá el próximo día 17 a los subsecretarios y delegados del Gobierno (representantes provinciales del Ejecutivo central), en la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
 
El proyecto establece "la desconcentración del servicio en varios locales, con la finalidad de disgregar la gestión y evitar, de esta manera, la congestión actual en las principales oficinas y unidades de extranjería de Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, Almería y Málaga", informó el ministerio de Trabajo, del que depende la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
 
El Ejecutivo ha planteado también la modificación del sistema de cita previa, para acomodar el número de citas concedidas a la capacidad real de gestión de las unidades de extranjería.
 
A este respecto, se propone relacionar la concesión de la cita con la caducidad de los permisos.
 
La finalidad última es conseguir que sea la Administración la que cite a los interesados antes del vencimiento de sus permisos, como ocurre con la renovación del permiso de conducir.
 
Los retrasos han convertido a los solicitantes en ciudadanos indocumentados y ha provocado que muchos empresarios no hayan podido prorrogar los contratos laborales de éstos.
 
El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo el pasado martes en Ginebra que se pondría en marcha un plan extraordinario para resolver "en los próximos 30 a 45 días los casi 400.000 expedientes" de inmigrantes que están bloqueados.
 
Con ese fin se buscará personal de apoyo dentro del aparato estatal, declaró Caldera a EFE, quien aseguró que el objetivo es "tener revisados todos los expedientes antes de las vacaciones de agosto" para evitar cualquier perjuicio a los solicitantes, particularmente a quienes deben renovar sus permisos de trabajo.