Los hispanos Marvin Raúl Soto-Chávez, Fernando Morocho y Silvia Espinoza-Fajardo fueron acusados el miércoles pasado ante un tribunal federal por traer de contrabando a indocumentados y retenerlos contra su voluntad en California, hasta que sus familiares pagaran entre 3.000 y 10.000 dólares para liberarlos.

La acusación se dio una semana después de que 110 ecuatorianos, mexicanos y guatemaltecos fueran encontrados agolpados en una casa de Los Ángeles.

Virginia Kice, portavoz de la Dirección Federal de Inmigración y Aduanas de EE.UU., sostuvo que los tres detenidos son sujetos de escasa jerarquía en una operación probablemente mucho más amplia.