La contratación de la empresa BBG Comunicación y la donación del 10% del impuesto a la renta de Pacifictel a la Universidad Técnica de Machala fueron los últimos contratos que aprobaron los ex directores de la telefónica quienes estaban liderados por el ex presidente del directorio, Hugo Quevedo.

Hace tres semanas el directorio anterior escogió a la firma mexicana para que instalara 6.000 teléfonos públicos en las diez provincias.

En diciembre pasado Pacifictel declaró en emergencia la telefonía pública, pues no tenía recursos para instalar 1.620 teléfonos (monederos o de tarjetas).

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) dio un plazo a la operadora para que ubique los equipos hasta abril del 2004. En caso de no cumplir con el cronograma deberá cancelar una multa de 3 millones de dólares y hasta puede ser intervenida por el Conatel.

El nuevo directorio presidido por Alberto Pérez Llona deberá revisar y ratificar todos los nuevos contratos. A eso se suma la preparación de las bases para convocar a licitación varios servicios.

Renuncia de Illingworth
El presidente ejecutivo encargado de Pacifictel, Juan Alfredo Illingworth, renunció ayer en la tarde, según informó anoche Ecuavisa.

EN TRÁMITE
El directorio  de Pacifictel deberá convocar en los próximos días a un concurso público para la seguridad privada, que incluye instalaciones, equipos y centrales.

Hace cuatro meses la operadora declaró en emergencia la seguridad y terminó con los contratos con seis empresas e inmediatamente contrató temporalmente a dos firmas.

En el 2003 la telefónica desembolsó aproximadamente 4 millones de dólares por el servicio.

El contrato  que firmaron las empresas Edina y Pacifictel todavía no recibe el informe favorable de la Procuraduría General del Estado. Este contrato es para la elaboración de las guías, promoción, venta de publicidad durante cuatro años.

También para desarrollar el Centro de Información Telefónico 104 y mantener la base de datos. Edina tiene hasta junio próximo para entregar las guías. Según la Procuraduría, solo faltan detalles para terminar los informes.

En esta  semana el directorio deberá ratificar la renovación de los seguros con la aseguradora La Unión. Desde ayer dos peritos de la fiscalía del Guayas iniciaron las investigaciones para determinar si son legales o no. La Superintendencia de Bancos también entregará su informe. El directorio esperará los informes para tomar la decisión final. La renovación de las ocho pólizas de seguro es hasta el 15 de enero del 2005 y costó más de 4,6 millones de dólares.