La figura del tribunal sin rostro –planteada por el presidente Lucio Gutiérrez para que seleccione a quienes ocuparán cargos directivos en las empresas estatales– no existe en las leyes ecuatorianas, por lo que sus decisiones –en caso de que se instalara– podrían ser impugnadas.

“Cierto es que no hay una figura legal... pero es una práctica, desde el punto de vista técnico, aceptable”, dijo Abel Echeverría, secretario de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres), organismo encargado de emitir las políticas estatales de contratación de personal.

Su argumento para justificar la decisión del Gobierno es que “el tribunal sin rostro garantizará la independencia” de quienes seleccionarán a los  131 nuevos funcionarios que dirijan las empresas eléctricas y telefónicas, así como a Petroecuador y sus filiales.

Pero la inexistencia de una ley o norma que ampare la propuesta de Gutiérrez podría provocar que sus decisiones queden sin efecto. Este es el criterio del constitucionalista Ernesto López, quien advirtió que “en derecho público todo debe estar expresamente autorizado”.

Édgar Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad, señaló que “las leyes de los  organismos autónomos explican quién y cómo deben darse las designaciones”.

En el caso de la estatal petrolera, por ejemplo, la selección de las 26 vacantes debe cumplir los requisitos del Reglamento de Trabajo Interno y de las Normas para la Administración de los Recursos Humanos de Petroecuador y sus filiales.

“Es la primera vez que se va a seleccionar carpetas para esos cargos”, indicaron fuentes del área petrolera.

Alejandra Cantos, vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, también pone en duda a este tipo de tribunales “no sabemos quiénes se esconden detrás de esos rostros cubiertos”.

A la falta de sustento jurídico para la propuesta del Presidente se suman las implicaciones políticas.

Ximena Bohórquez, diputada por Sociedad Patriótica y primera dama, advirtió la existencia de presiones de partidos y movimientos por ocupar varios de los cargos vacantes.

“Guardar la identidad de esa comisión técnica es para preservar la presión del Partido Social Cristiano, del Partido Roldosista Ecuatoriano y sobre todo de los diputados independientes. Todos sabemos que los partidos políticos hacen injerencia por los puestos”, puntualizó.

El coordinador de Pachakutik, Gilberto Talahua, dijo ayer que la emergencia en Petroecuador es una cortina de humo y un mecanismo para nombrar funcionarios afines a la política depredadora del sector petrolero, “a través de jueces sin rostro, que serán de la cúpula de SP”.

CASOS
ANTECEDENTES
En Perú se instalaron tribunales militares y civiles “sin rostro”  para ejercer las funciones de jueces. Ellos utilizaban capuchas negras para evitar represalias de la guerrilla y permanecían en las instalaciones militares para ejercer sus funciones.

Tenían la facultad de sentenciar, castigar y dejar en libertad a los acusados. Ni los abogados defensores de los acusados podían mirar a los jueces. Estos tribunales fueron cuestionados.

PERÚ
El gobierno peruano utilizó los tribunales “sin rostro” para enjuiciar a los terroristas y guerrilleros.

Estos condenaron a unas 4.000 personas, de las cuales 600 han sido liberadas al no comprobarse su vinculación con los grupos guerrilleros que había en ese país.

Luego las autoridades peruanas crearon una comisión especial de indultos para evaluar los casos de errores que tuvieron los tribunales.

COLOMBIA
En este país también se instaló la Justicia Regional o Justicia “sin rostro”. Eran tribunales conformados con personas encapuchadas. El objetivo era  evitar las amenazas de muerte que recibían los jueces y abogados por los miembros de la guerrilla colombiana. Luego se conformó el Tribunal Penal Internacional que actuaba solamente cuando los tribunales nacionales eran incapaces de hacerlo o se mostraran renuentes.

EE.UU.
El presidente estadounidense, George W. Bush, firmó una orden ejecutiva declarando que los extranjeros arrestados bajo cargos de terrorismo podían ser procesados por tribunales militares.

La condena en estos tribunales, que en frecuencia son secretos, incluyen la pena de muerte. Esta medida se tomó luego de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en septiembre del 2001.