Autoridades judiciales y representantes de la compañía Raydheon intentaron, ayer, embargar dos aeronaves de Ícaro.

Raydheon es la acreedora de la aerolínea, que debe pagar por la compra de dos aviones.

Esteban Saltos, vicepresidente ejecutivo de Ícaro, informó que el embargo no se concretó debido a la intervención de los empleados de la aerolínea, que se tomaron los aviones que Raydheon pretendía conducir fuera del país.

Según Saltos, “con el apoyo de los principales directivos de Quiport y Corpaq, actuales administradores del aeropuerto de Quito, y de la Dirección de Aviación Civil (DAC), entraron cerca de 40 personas a agredir física y verbalmente a los funcionarios de Ícaro y se robaron documentación de la aerolínea”.

El ejecutivo explicó que Ícaro presentó a la empresa acreedora una propuesta para pagar toda la deuda mediante una alianza estratégica con un operador local; Raydheon no la aceptó.

Por cada uno de los dos aviones comprados, Ícaro pagaba 55.000 dólares mensuales; por ello, la compañía solicitó una reestructuración de la deuda.

Los pagos pendientes desde octubre del 2003, cuando Ícaro dejó de cancelar las cuotas, suman un total de 400 mil dólares.

Hasta octubre pasado se entregaron 5,2 millones de dólares equivalentes al costo de uno de los aviones, informó Saltos.

Ícaro iniciará un juicio penal y otro por daños y perjuicios en contra de la firma de abogados que representa a Raydheon.

Rafael Dávila, director de la Aviación Civil, descartó cualquier responsabilidad personal o de la institución en este caso.