Los 20 agentes involucrados llevan tres meses detenidos, con resguardo policial, en cuartel del GIR.

El pasado jueves 26 de febrero, Silvia Mogro de Yépez no tuvo donde pasar la noche y se quedó en el cuartel del GIR, (Grupo de Intervención y Rescate), en el dormitorio de su hijo, el subteniente Douglas Yépez.

En ese sitio, Douglas Yépez permanece detenido junto a otros 19 agentes que participaron en el operativo Fybeca, el 19 de noviembre del año anterior, en el cual fallecieron ocho personas, seis de ellas con antecedentes delictivos, y las otras dos consideradas por un informe de Policía como víctimas inocentes.

Por orden del presidente de la II Corte Distrital de la Policía, Crnl. Luis Castro Saquicela, los 20 agentes fueron imputados como supuestos responsables de delitos contra la existencia y seguridad de la Policía, contra la vida y libertad individual.

La progenitora, de 53 años, viajó desde el recinto El Progreso del cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi, para estar presente la mañana siguiente (viernes último) en la declaración que su hijo hizo en la Fiscalía, sobre los hechos del caso Fybeca.

Frente a la sede del Ministerio Público en Guayaquil (en las calles Pedro Carbo y Aguirre), Silvia Mogro junto a Julia de Brondel, Julia Mosquera, Claudia Guevara, María Mena Espinoza y Ana Poveda, entre otros familiares de los policías apresados, exigieron la libertad de estos gendarmes.

El rostro de Silvia Mogro refleja la angustia, al manifestar que desde hace tres meses viaja con frecuencia para averiguar sobre la situación de Yépez. A esta preocupación se suma la de su hogar, en donde vive con su esposo Luis Yépez y su madre Luz Herrera, a quien con sus 105 años se encarga de cuidarla y atenderla, afirma que “tengo que pagar cinco dólares a una señora para que la cuide”, manifestó, contrariada por los gastos que cada viaje a Guayaquil le representa.

En busca de ayuda
La mujer dijo que acudió el jueves pasado al 2º Distrito de la Policía, en Riobamba, en busca de ayuda económica para el pago de honorarios de los abogados. En ese comando policial, expresó, le ofrecieron tres dólares por uniformado. “Necesitamos unos cien mil dólares para el pago a los seis abogados”, indicó.

La mujer aseguró que con el sueldo de 296 dólares que gana Yépez les ayuda en el mantenimiento de la casa. “En el recinto, los amigos de mi hijo formaron un comité de solidaridad y apoyo, y realizaron ventas de comida. Ese dinero me lo dieron para ayudarme con los pasajes”, relató.

“Mi hijo y la mayoría de sus compañeros solo cumplían con su deber. Hemos hecho tantos sacrificios por él y no puede ser que siga injustamente detenido”, manifestó al recordar los estudios del oficial y su retiro del tercer año de la universidad para ingresar a la Escuela Superior de la Policía, donde se graduó de subteniente para luego ingresar al curso del GIR. “Yo no quería que fuese policía por los peligros a los que se exponen, pero él siempre soñó con eso”, refirió.

El joven oficial –comentó la madre– participó en un curso de desactivación de artefactos explosivos en Estados Unidos. “Él es preparado y ha estado en más de 200 operativos sin muertos ni heridos”, añadió.

Silvia Mogro indicó que la situación de los detenidos se volvió crítica a raíz del informe del inspector general de la Policía, Marcelo Vega. “Pedimos al Congreso Nacional que examine las conclusiones de ese documento”, señaló.

Mogro teme por lo que pueda ocurrirle a su hijo y demás policías. “¿Qué futuro les espera? Tememos que les den baja por algo injusto, en donde solo cumplían órdenes y cuando salgan, quién garantiza su seguridad ante las represalias de los delincuentes?”, acotó.