Arbitraria e inconstitucional son algunos de los adjetivos que los colectivos de abogados españoles han adjudicado a la Ley de Extranjería, cuyas reformas entraron en vigencia el pasado mes de diciembre.

Los abogados españoles han comenzado a acudir a la Defensoría del Pueblo para que la entidad interponga un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley, que a su juicio, vulneran los derechos de los inmigrantes.

La Coordinadora de Abogados de Madrid presentó el pasado 28 de enero  una queja ante la Defensoría del Pueblo. Según la queja, la falta de reglamento hace que el gobierno aplique la Ley de forma arbitraria, ocasionando que los inmigrantes que poseen o no documentos legales en España sean discriminados.

Vilma Benel Calderón, portavoz de la Coordinadora, dijo que la disposición obliga a los inmigrantes a presentar personalmente cualquier tipo de documento, lo que ha ocasionado el caos en la Delegación de Extranjería de Madrid. “Ahora los inmigrantes tienen que hacer largas filas para realizar un trámite o esperar algunos meses para ser atendidos”, afirmó.

El Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), por pedido de los colegios de abogados de Bilbao, Málaga, Valencia y Zaragoza,  elaboró un informe sobre la Ley, en el que encuentra indicios de inconstitucionalidad en varios artículos.