La Cancillería de Perú investiga caso de grillete

El trato dado a una peruana en Estados Unidos al ponerle un grillete electrónico para seguir sus movimientos, no se contradice con las leyes de ese país ni con el derecho internacional, dijo ayer el canciller peruano Manuel Rodríguez.

La Cancillería peruana gestiona para solucionar el caso de la  peruana Lourdes Sandívar –residente en Miami y con amenaza de deportación junto a sus dos hijos, Shirley, de seis años, y Kevin, de cinco, ambos de nacionalidad estadounidense,  y su esposo, José Sandívar, detenido al expirar su permiso de trabajo.

“El gobierno de Perú considera que las prácticas que se han utilizado no se  contradicen con el ordenamiento jurídico del propio Estados Unidos y del derecho internacional”, afirmó el canciller desde Guatemala a la emisora limeña Radioprogramas del Perú.

En todos los países las personas tienen derechos humanos y legales, incluso  en casos delictivos, dijo. “En los casos donde no existe comisión de delitos,  sino otro tipo de faltas, la violación de estos derechos o la arbitrariedad es  todavía más censurable”, subrayó.

El método de colocar un grillete electrónico a Sandívar es “inadecuado” porque “afecta la dignidad de la persona humana”, había dicho la Cancillería  peruana el martes.

Por ello la Cancillería “ha solicitado a las autoridades norteamericanas  que por razones humanitarias procedan a retirar el grillete electrónico que lleva la señora Sandívar, quien se vio obligada a aceptar que le coloquen el detector en uno de sus tobillos para poder cuidar a sus dos hijos quienes se hubiesen quedado sin protección si ella también era detenida como su  esposo, según el diario limeño El Comercio.

EE.UU. negó a la familia  Sandívar un pedido de asilo tras vivir diez años en Miami, sin problemas y sin incurrir en delitos, bajo el argumento de que actualmente Perú es un país seguro para vivir.

La Cancillería señaló que el asilo lo pidió José Sandívar ante amenazas que recibía en Perú cuando era dirigente estudiantil, en la década pasada, de parte de grupos terroristas.

En Lima la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por “el trato degradante impuesto por autoridades de EE.UU. a dos peruanos residentes en Miami y sus dos hijos”, sobre quienes pende una orden de deportación.

El abogado del grupo, Vladimir Paz de la Barra, dijo  que Sandivar sólo ha cometido una infracción administrativa, más no penal, y por lo tanto debe ser excarcelado y que él y su familia tienen derechos adquiridos, tienen seguridad social y están al día en el pago de sus impuestos.

“Se pretende deportarlos alegando que viven en Miami ilegalmente”, señala Paz.