Los congresistas retoman hoy desde las 09h30 la discusión de los ingresos y gastos del fisco.
El Congreso tiene previsto aprobar hoy, desde las 09h30, la pro forma del 2004, a base de un proyecto de resolución de la Comisión de lo Tributario, que plantea la reducción de 137,4 millones de dólares de “los gastos corrientes, preferentemente de intereses de la deuda interna y externa”.
El argumento para esa decisión es una sobreestimación en las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del Gobierno.
El diputado Carlos Vallejo (Prian) explicó que la palabra “preferentemente” faculta al Gobierno a que la disminución no se restrinja al monto destinado a la deuda, “sino a los sectores sociales (u otros)”.
Según el informe del Banco Central, dentro del gasto corriente están, además de los intereses de la deuda, los egresos por sueldos y salarios; bienes y servicios; transferencias y otros gastos corrientes.
El viernes pasado, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, advirtió que “el país honrará todas sus obligaciones de deuda”, por lo que el Ejecutivo decidirá dónde hacer los recortes.
A diferencia de la discusión de la mañana, cuando el debate se dio con la mayoría de las curules vacías, por la tarde y noche, el pleno estuvo lleno de diputados principales y suplentes.
El presidente encargado del Congreso, Ramiro Rivera, indicó que en total hubo 42 exposiciones.
Luis Mejía (Alfarismo Nacional) pidió que a excepción de los sectores de Salud y Educación se recorte el 5% de los gastos corrientes, lo que podría ahorrar al Estado cerca de 151 millones de dólares.
Sin embargo, el espacio de maniobra del Congreso es mínimo, pues -según el Banco Central- el 91,3% de los gastos de la pro forma está predeterminado.
El proyecto de resolución presentado para la sesión de la noche incluyó nuevos pedidos.
Por ejemplo, el Movimiento Popular Democrático (MPD) solicitó “asignar los fondos suficientes para cumplir el compromiso adquirido con el sector del magisterio ecuatoriano, como lo establecido en la Resolución 165 del Conarem (en la que se indica un incremento de 10 dólares al sueldo básico laboral)”.
El proyecto de resolución también expresa disposiciones que no se refieren al presupuesto del Gobierno Central (que es lo que va a aprobar el Congreso), sino al de las entidades autónomas (entre ellas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, organismos seccionales y universidades estatales).
Determina un plazo de 90 días de ejecución presupuestaria para que el Gobierno determine el monto de la deuda con el IESS y los respectivos mecanismo de pago.