Los reclamos por responsabilidades ambientales que enfrenta Chevron-Texaco deberían ser presentadas en contra de la petrolera estatal Petroecuador, dijo el miércoles un funcionario de la empresa extranjera.

El Vicepresidente y Asesor Jurídico de Chevron-Texaco, Ricardo Veija, recordó que Petroecuador fue socio mayoritario del consorcio, y desde 1990 dueño exclusivo de las instalaciones del consorcio. 

Pensamos que cualquier reclamo con relación a responsabilidades ambientales deberían ser presentadas en contra de Petroecuador y no de nuestra compañía, dijo en rueda de prensa. 

Aclaró que  nosotros no pedimos que Petroecuador sea parte del proceso como demandado, no estamos haciendo el llamamiento al proceso, pero lo dicho es parte de nuestra defensa. 

Es raro que en todo el tiempo que operamos el consorcio, nunca tuvimos un reclamo, una demanda con relación al ambiente, pero después de 13 años que salimos de la operación tenemos una demanda y Petroecuador no es involucrado, dijo. 
 
 Texaco enfrenta una demanda sin precedentes por parte de 88 personas que representan unos 30.000 afectados entre indígenas y colonos de la Amazonia que la acusan de la muerte de personas, daños ambientales y la muerte de animales domésticos a raíz de la explotación petrolera. 
 
Texaco trabajó en Ecuador entre 1970 y 1990, cuando dejó la explotación al final de un contrato de asociación con Petroecuador, la que se convirtió en dueña exclusiva desde entonces. 
 
Veija afirmó que las alegaciones de los demandantes no están respaldadas en ninguna evidencia ni contienen sustento científico por tanto pensamos que el juez no puede aceptar esa demanda. 
 
Aclaró que al final de la operaciones de Texaco se suscribieron sendos acuerdos con el gobierno, y las cuatro municipalidades donde operó el consorcio: Lago Agrio, Shushufindi, La Joya de los Sachas y Francisco de Orellana los que liberaron a la compañía de cualquier responsabilidad u obligación con relación a daños ambientales. 
 
Manifestó que los demandantes están basando su reclamo en una ley emitida en 1999, muchos años después que la Texaco dejó de ser el operador del consorcio, bajo la ley ecuatoriana la ley no puede ser aplicada retroactivamente. 
 
Añadió: "pensamos que los reclamos son nulos por prescripción".