La cumbre que celebrarán esta semana los líderes de la UE intentará impulsar la política común de inmigración con la propuesta de crear una agencia para el control de las fronteras exteriores y un debate sobre el establecimiento de cuotas de inmigrantes legales.
 
La presidencia italiana de turno quiere ahora recuperar el impulso dado en la cumbre de Sevilla (junio de 2002) a estos temas y ha introducido el refuerzo del "espacio de libertad, seguridad y justicia" como uno de los puntos destacados de esta cumbre extraordinaria que se celebrará el jueves y viernes próximos y que tendrá por lo demás un claro contenido económico.
 
A pesar de ser uno de los problemas que más afectan a los países de la Unión o precisamente por ello, el control de los flujos de ilegales o la integración de los inmigrantes no ha dado el salto que se esperaba en Sevilla desde las políticas nacionales a las comunitarias.
 
La llegada de los diez nuevos socios comunitarios el 1 de mayo de 2004 hace aún más urgente la puesta en marcha de una política común europea en materia de asilo e inmigración eficaz, como ha resaltado el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi.
 
El Consejo Europeo confirmará el carácter de "máxima prioridad" de la cuestión de la inmigración, así como la importancia de lograr un "enfoque equilibrado" entre la urgente necesidad de frenar la inmigración ilegal y luchar contra la trata de seres humanos y, al mismo tiempo, integrar a los que llegan de forma legal a la UE.
 
Los Quince y sus futuros socios del este subrayarán la importancia de la plena aplicación del plan de gestión de las fronteras exteriores, que incluye la creación de un organismo o agencia de coordinación.
 
Esta agencia ha sustituido de momento la idea más ambiciosa de crear una auténtica policía europea de fronteras, a la que se oponen firmemente países como Finlandia, Suecia o los nuevos socios del Este que ven en ella "fantasmas" del pasado, según comentaron fuentes diplomáticas.
 
Los jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto pedir a los ministros de Justicia e Interior que elaboren un programa de trabajo sobre las fronteras marítimas.
 
Uno de los principales obstáculos para lograr una política de control de fronteras común está en la financiación.
 
Los países que constituyen el límite exterior de la UE, como España, Italia o Grecia, quieren que se reparta la carga que genera la protección de esas fronteras, a lo que se oponen de forma más o menos clara los que no sufren la llegada de las "pateras".
 
Por otro lado, y a pesar de reconocer que cada Estado es responsable del número de inmigrantes que admite en su territorio, comienza a abrirse camino la discusión, considerada "tabú" hasta hace muy poco, sobre un sistema de cuotas de inmigración a nivel europeo.
 
Este asunto sigue enfrentándose, no obstante, a una fuerte resistencia de Alemania.
 
España, por su parte, ha insistido desde siempre en que una de las formas más eficaces de combatir la inmigración ilegal es fomentar la legal mediante acuerdos con los países de origen de los emigrantes (caso de Ecuador o Polonia).
 
El debate se relaciona estrechamente con la política de repatriaciones, para lo que es necesario que la Comisión presente una propuesta que incluya la financiación (Fondo de retorno), así como la firma de acuerdos de readmisión con terceros países.
 
Además, los jefes de Estado o Gobierno pedirán a los titulares de Justicia e Interior que concluyan lo antes posible las propuestas relativas a los requisitos para el reconocimiento y procedimientos de asilo.
 
Una propuesta que está más avanzada y que debería recibir el respaldo político en la cumbre es la introducción de datos biométricos, foto y huella dactilar, en los visados y permisos de residencia que expidan los Estados miembros.
 
El objetivo es introducir la obligatoriedad de la foto a partir de 2005 y más adelante la huella digital, lo que se haría en una primera fase en el visado y permiso de residencia pero con la previsión de que también los pasaportes comunitarios cuenten con estos datos a medio plazo.
 
El refuerzo de la cooperación policial, judicial y aduanera y la lucha contra las drogas podrían ser otros temas de debate en la cumbre.