Jaime Atienza, de Cáritas, dijo que Ecuador debe pedir la regulación de ecuatorianos por sectores.

“A los inmigrantes irregulares en España se les quiere negar sus derechos porque no existen, se pretende ignorar su mera existencia”. Así resume Jaime Atienza, técnico español de la organización Cáritas y responsable de programas de apoyo a los ecuatorianos en ese país, la situación de unos 300 mil trabajadores, que se fueron a esa nación europea en los últimos tres años.

El régimen de José María Aznar, a partir de la Ley de Migración aprobada por el Parlamento en el 2001, proclama que en España no hay trabajo para los ilegales y que los expatriará, pero en la práctica y pese a un real endurecimiento de la política, afirmó Atienza, la proclamada persecución no se produce en gran dimensión y se queda en un gesto más político que real.

“Es absurdo suponer que 300.000 inmigrantes no estén trabajando este momento, lo hacen de manera informal e intermitente. El gobierno difunde cifras de extranjeros expulsados, pero las engorda con las devoluciones en frontera, llegan incluso a computar hasta los rechazos en los aeropuertos de origen”, señaló.

Si la Ley del 2001 puso en manos del Gobierno las atribuciones de fijar un cupo anual de extranjeros, unos 35.000, limitó los derechos de los regulares a reunirse y manifestarse, y el régimen tramita en el Parlamento un estatuto aún más severo y grave en opinión del responsable de Cáritas, que es obligar a las aerolíneas a entregar el listado de los pasajeros que entraron a España por turismo y que no usaron su pasaje de retorno. Peor aún, se busca establecer que la Policía acceda a los padrones municipales.

Atienza explicó que en estos se registran los extranjeros que habitan cada Municipio y se trata de un registro que no considera su condición legal, sino que les facilita acceso a educación y salud gratuitas.

“Si se convierte este registro en un instrumento policial, se corre el grave riesgo de que los inmigrantes no se inscriban y se queden al margen de los más básicos servicios de salud”, advirtió.

Para Atienza, la sociedad española ha cambiado más en cinco años que en un cuarto de siglo, por la presencia de  inmigrantes que constituyen el 4% de la población (20% del cual es oriundo de Ecuador).

Los ecuatorianos tienen poco contacto con la sociedad española y se mantienen en trabajos precarios. Incluso, recalcó, han perdido últimamente la imagen de trabajo y honestidad que antes tenían.

Para Atienza, el Gobierno ecuatoriano podría negociar con su similar de España, a partir del aporte que los inmigrantes hacen a la sociedad española. Y propone, por ejemplo, que se emprenda en una negociación de canje de deuda externa para programas en favor de los inmigrantes y sus familias, y se busque impedir que pierdan el acceso a educación y salud.

“España no va a aceptar una legalización de todos los ecuatorianos, pero vuestro Gobierno debe dejar pasar la oportunidad, y podría proponer la regulación por sectores, por ejemplo el de empleadas domésticas, ahora sin contrato de trabajo”, expuso.

Añadió que se pueden aprovechar los espacios abiertos que deja la Ley, tal el caso de la posibilidad de regularizar la situación de personas por razones humanitarias o por arraigo, esto es aquellas que han vivido en el país ilegalmente durante un periodo de tres a cinco años.

PERSONAL
Jaime Atienza nació en Madrid en 1972. Es economista y miembro de Cáritas.

Cáritas  es una organización de la iglesia católica española que apoya a inmigrantes en más de 50 diócesis e innumerables parroquias en España.