El presidente de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), Ángelo Caputi, pidió a la Junta Bancaria “la reconsideración” de la Resolución 500, emitida en noviembre del 2002. Mediante esta disposición, el plazo para el pago de los créditos de consumo (incluidos los adquiridos a través de tarjetas de crédito) y para microempresas se acortó de 30 a 5 días.

Esto obligó a los bancos que respaldan esas transacciones a asumir en sus balances más cartera vencida (por las personas que no cancelan dentro del nuevo plazo) y a provisionar esos préstamos.

“La resolución restringe las operaciones de crédito y es demasiado exigente”, indicó Caputi.

Para el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso, Gustavo Vásconez, “el nivel de morosidad (préstamos impagos) que presenta el sistema cooperativo está concentrado en el consumo y microcrédito. La mayoría de los montos vencidos resulta de la aplicación de la Resolución 500“. Las entidades del sistema financiero argumentan que es imposible exigir el pago de las deudas en el plazo de 5 días. “Es comprensible que un buen cliente se demore entre 8 y 10 días“, agrega.

Fernando Vivero, vicepresidente del Produbanco, advirtió que la Resolución afecta los índices bancarios frente a los que se registran en otros países, “pero, principalmente, perjudica a los clientes”.

Según la Junta Bancaria, quienes cancelen en el plazo de 5 días después de la fecha tope, establecida por cada institución, mantienen la calificación A (normal) en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos.

Si los pagos se realizan después de los 5 días pasan a categoría B (posible riesgo).
Cuando el atraso es mayor a 30, 60 y 90 días, la cartera es calificada como C (deficiente), D (de dudosa recaudación) y E (sin posibilidad de cobro).

La propuesta de la ABPE, dijo Caputi, es que la Junta Bancaria retome el plazo anterior, de 30 días, para los respectivos pagos.