Los celadores se quejaron de la falta de implementos para dar seguridad a los reos, dentro y fuera del penal.

Una instrucción que inició ayer el fiscal Andrés Piedra contra Ángela Sánchez Sosa, quien supuestamente utilizó a su nieto menor de edad para ingresar un paquete con cocaína a la penitenciaría de Guayaquil es un ejemplo de la presunta corrupción al interior del penal.

Según el proceso, el niño intentó burlar el control, el pasado 13 de agosto (día de visita), pero en el registro le incautaron la droga. El menor acusó a su abuela, Ángela Sánchez Sosa, de haberle dado el paquete, y dijo que era para su tío Fabián Rosales Sánchez, quien está recluido en el pabellón Renacimiento.

El fiscal pidió ayer al juez 4º de lo Penal (e), Ronald Guerrero, que dicte la prisión para Patricia Jessenia Rosales Sánchez, quien acompañaba a Ángela Sánchez el día que el niño fue sorprendido.

Los guías, que ayer custodiaban a los reos hasta la Corte Superior de Guayaquil, dijeron que 40 celadores por turno no pueden controlar a 3.600 internos.

Para agravar la inseguridad, de los 120 guías del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, apenas 15 tienen armas que les proporcionó el Estado, unos 20 compraron revólveres y el resto está desarmado, afirmaron.

Los celadores evitaron identificarse por temor a sanciones, pero atribuyeron a la falta de armas y personal el tráfico existente y el peligro.

Para resguardar a los presos que salen a las audiencias, 20 guías abordan el bus. De estos, cuatro tienen armas, los demás ni siquiera llevan chalecos antibalas, ni uniformes.

Cada celador debe cuidar hasta tres pabellones con 80 internos cada uno. Un guía de apellido Corozo dijo que tres balas le dieron al iniciar el año. “Si disparo me quedo sin proyectiles”, aseguró.