Los ecuatorianos podrían beneficiarse con proyectos de ley que se gestan en el Congreso de EE.UU., que les permitiría legalizar su estatus migratorio en este país y ser así una "comunidad visible", según el activista Max Marín.
 
Marín, abogado y presidente del Frente Amplio de Protección al Inmigrante y Sociedad Civil, viajó desde Ecuador a Estados Unidos para reunirse con los congresistas demócratas Luis Gutiérrez y Bob Menéndez, así como con alcaldes y líderes comunitarios, para confeccionar una agenda de trabajo con ese objetivo.
 
El activista ecuatoriano dijo a EFE que producto de su encuentro, la pasada semana, con los congresistas, Luís Gutiérrez nombró a Susan M. Collins y Bob Menéndez a Iván Zapin como sus enlaces entre sus oficinas y la comunidad ecuatoriana.
 
Igualmente, ha mantenido encuentros con concejales hispanos en las ciudades de Elizabeth, Newark y Jersey City, donde se concentran sus compatriotas en Nueva Jersey, en busca de apoyo a sus gestiones.
 
La intención del Frente "es que se armonicen las iniciativas de las organizaciones comunitarias con las del gobierno ecuatoriano del presidente Lucio Gutiérrez, que ya adoptó el tema migratorio como una política de Estado", comentó.
 
Indicó que pidió a los congresistas que en 90 días se pueda materializar una agenda de trabajo y que por tal motivo, conversa con políticos y organizaciones ecuatorianas en Nueva Jersey, Nueva York, Chicago y Los Ángeles -donde se concentra esta comunidad- "para definir lo que queremos", y con otros grupos latinos "porque la unidad de la comunidad hispana nos dará el éxito".
 
El activista, que respalda la propuesta de ley presentada por Gutiérrez en el Congreso, espera poder presentar a Collins y Zapin el resultado de sus gestiones la próxima semana.
 
El proyecto de Gutiérrez, apoyado por Menéndez, propone otorgar residencia permanente a inmigrantes que hayan vivido cinco años o más en EEUU antes de la presentación de la propuesta de ley.
 
Igualmente, propone otorgar estatus legal condicionado y permiso de trabajo a los inmigrantes que cumplan la ley y hayan vivido en este país al menos cinco años.
 
También busca revocar partes de la ley de inmigración que obligan a los que han salido del país a esperar un periodo de entre tres y cinco años antes de poder retornar a EE.UU., así como aquellas que les colocan en riesgo de ser deportados por faltas legales menores.
 
Marín dijo que la emigración en Ecuador aumentó en la pasada década y que se calcula que más de dos millones y medio de ecuatorianos viven fuera, incluyendo España, Alemania e Italia.
 
Sus remesas, que dijo que superan los 1.520 millones de dólares al año, constituyen la segunda fuente de ingreso a la economía ecuatoriana, después del petróleo.
 
De los emigrantes, estima que más de un millón están en EE.UU. y que un 90 por ciento podrían ser indocumentados que trabajan sobre todo en la construcción y otras áreas de servicio.
 
Marín espera dejar establecido, antes de retornar a Ecuador el próximo lunes, un comité de ecuatorianos que continúe trabajando con congresistas y diversas organizaciones para impulsar el proyecto de Gutiérrez u otras iniciativas que les lleve a legalizar su estatus.
 
Dijo que en su país hay que continuar la lucha por evitar la emigración, que se ha convertido en un "negocio lucrativo para coyotes y usureros".
 
Aseguró que un "coyote" puede programar hasta dos viajes a la semana de 175 indocumentados cada uno, a los que cobra hasta 10.000 dólares por persona, y que esta emigración ha provocado problemas sociales en su país.
 
"Los resultados son desastrosos con depresión infantil de niños viviendo con abuelos y otros familiares y deserción escolar", afirmó.
 
Marín dijo que el Frente que preside gestiona una reunión con el presidente Lucio Gutiérrez a su retorno al país para presentarle un informe de sus gestiones.