El Gobierno de Perú presentará a Japón este jueves una demanda formal de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, quien vive en Tokio, dijo este miércoles una fuente de la cancillería peruana.
El anuncio oficial será hecho en Lima por el canciller Allan Wagner a las 19h00 locales (00h00 GMT del jueves) para coincidir con la entrega del pedido por parte del embajador peruano Luis Macchiavello ante el ministerio japonés de Relaciones Exteriores.
La demanda de extradición es la primera contra Fujimori y estará acompañada por una nota diplomática reservada. Wagner convocó a la prensa en la sede de la cancillería para informar sobre el proceso de extradición del ex mandatario (1990-2000).
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La justicia peruana acusa a Fujimori de crímenes de lesa humanidad por ser el presunto autor intelectual de dos matanzas perpetradas por un escuadrón de la muerte en la que murieron 25 personas sospechosas de pertenecer al grupo armado Sendero Luminoso (SL, maoísta).
Un alto funcionario de la cancillería peruana, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo que la demanda podría ser respondida a corto plazo, en 30 días, o en tres meses, pues no existen plazos para estos trámites.
El cuadernillo de extradición traducido al japonés consta de cerca de 700 páginas y en él se fundamenta con testimonios de ex colaboradores militares, su responsabilidad en el asesinato de 15 personas en Barrios Altos (1991) y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta (1992).
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Entre los testimonios en contra de Fujimori figura el del ex jefe del Ejército, general Nicolás Hermoza.
Fujimori, de 65 años, vive en Japón desde noviembre de 2000, cuando llegó a Tokio en una visita y renunció por fax en medio de un escándalo de corrupción. El Congreso no aceptó su dimisión y lo destituyó.
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Tres veces presidente de Perú, Fujimori lanzó esta semana desde Tokio un nuevo partido político con el fin de diseñar una estrategia para retornar a Lima.
La demanda peruana presagia una larga batalla jurídica entre los dos países, ya que no existe tratado de extradición entre ambos. A ello se suma la nacionalidad japonesa del ex mandatario. La legislación nipona no entrega a sus connacionales a terceros países.
El ex presidente alega ser víctima de una "persecución política" a través de su página en internet y rechaza todas las acusaciones, incluida una de enriquecimiento ilícito.