La mayoría de los españoles relaciona la inseguridad ciudadana con la inmigración y cree que solo se debería permitir la entrada a España de inmigrantes con contratos de trabajo, según un estudio difundido ayer por el oficial Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El sondeo precisa que el 58,1% de los ciudadanos opina que hay una conexión entre el aumento de la inseguridad ciudadana y la llegada de inmigrantes.
Asimismo, el 85,1% de los españoles es del criterio de que solo deberían autorizar el ingreso a su país a extranjeros con carta de trabajo.
Los inmigrantes que despiertan mayor simpatía son los europeos occidentales, con una nota de 7,1 puntos, seguidos de los latinoamericanos (6,6) y portugueses (6,5).
A continuación se sitúan los filipinos, ciudadanos de la antigua Unión Soviética, asiáticos y africanos (5,9 puntos), seguidos de europeos del Este (5,8), norteamericanos (5,5) y norteafricanos (5,3).
El 47,8% de los encuestados considera que los extranjeros que viven en el país son ya “demasiados”, frente al 40,1% que dice que son “bastantes, pero demasiados”.
Frente al 58,1% que relaciona inmigración con inseguridad ciudadana, el 35,3% se muestra en desacuerdo con esa vinculación.
Necesidad
El 88,5% de los encuestados estima que toda persona debería tener libertad para vivir y trabajar en cualquier país.
La encuesta agrega que el 53,1% de los entrevistados opina que en España se necesitan trabajadores inmigrantes, frente al 33,8% que cree lo contrario.
El informe del sondeo añade que el 7,5% de los españoles permitiría la entrada de trabajadores inmigrantes sin poner obstáculos legales y que el 2,6% prohibiría su entrada.
La inmigración la califica positiva el 43,9% de los ciudadanos españoles, mientras que el 23,7% cree que es más bien negativa.
Al 89,5% les molestaría poco o nada que sus hijos compartieran clase en el colegio con niños inmigrantes y solo el 6,6% dice que sí le importaría la situación.
El sondeo, realizado a fines del mes pasado, fue presentado ayer en el Congreso de los Diputados por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández Díaz.