Representantes de los emigrantes exigieron un replanteamiento de las medidas tomadas por la UE.

Pedir al Gobierno ecuatoriano el replanteamiento del acuerdo de flujos migratorios con España y firmar otro con la Unión Europea (UE) expusieron ayer distintas organizaciones de defensa de los derechos de los emigrantes en el Ecuador, y a la vez se opusieron al visado.

El objetivo de la propuesta es negociar un convenio que ayude a regularizar la situación de los emigrantes y que garantice que miles de ecuatorianos vayan con oferta de trabajo a laborar en la Unión Europea, especialmente en España e Italia, donde hay más compatriotas.

Gloria Ximénez, presidenta de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, organización que se opone a la vigencia del visado para ingresar a la UE, aseguró que es prioritario reformular el convenio de flujos migratorios porque en la práctica no sirvió de nada.

“El acuerdo no tuvo el alcance que se espera, apenas 800 ecuatorianos han salido en dos años, cuando se habló de que unos 20 a 30 mil saldrían con trabajo”, afirmó.

Frente a estos incumplimientos, la Organización Rumiñahui y otras entidades están pidiendo a la Cancillería que luche por la regularización de unos 150 mil ecuatorianos que están en España.

“Esperamos que el delegado de asuntos migratorios de España llegue los primeros días del próximo mes para que podamos dejar los puntos en claro y demostrarle nuestro desacuerdo con esa imposición, con su política”, aseguró.

Según la Cancillería, el próximo mes arribará al país un delegado del ministerio del Interior de España a explicar la política migratoria y hablar sobre la vigencia del acuerdo de flujos migratorios.

“Lo vamos a recibir con movilizaciones para que haga conciencia de la problemática que están viviendo miles de ecuatorianos que solo viajaron en busca de mejores condiciones de vida”, indicó.

La funcionaria también sostuvo que piden gestionar ante la Unión Europea y España la capitalización de un fondo de inversión para ayuda al migrante.

Luis Túpac Yupanqui, del servicio Jesuita para Migrantes, afirmó que la decisión de la UE es “hipócrita”, porque por un lado ponen trabas y por otro necesitan mano de obra. “Después de que tanto se beneficiaron de nuestros países ahora impulsan la mano de obra ilegal y barata”, aseguró.

Lina Cahuasquí, directora del Comité Andino de Servicios, que trabaja también con emigrantes, aseguró que con la vigencia del visado se confirma que los países del primer mundo son los que causan la pobreza en el tercer mundo.