Los militares salieron este miércoles a las calles de las principales ciudades del Perú para garantizar el control interno ante la ola de huelgas y manifestaciones en demanda de mejoras económicas y sociales.

Las fuerzas armadas de Perú, actuando bajo órdenes presidenciales, desalojaron a manifestantes que habían bloqueado algunas calles y carreteras, disolvieron una guardia que maestros huelguistas mantenían frente al Congreso y se apostaron en lugares estratégicos con vehículos blindados y tanquetas.

El presidente, Alejandro Toledo, declaró en la noche del martes el estado de emergencia por 30 días en todo el país, con lo que se suspenden las garantías individuales, como los derechos a reunión y manifestación, y se permiten detenciones y allanamientos sin orden judicial.

En la capital del país, Lima, un contingente militar desalojó sin violencia en la madrugada a cientos de maestros públicos que se habían apostado frente al Congreso en demanda de aumentos de sueldos.

En el interior, las fuerzas de seguridad "limpiaron" las carreteras de piedras y neumáticos quemados por agrícultores que reclaman una reducción de los impuestos y mejores condiciones sociales, según reportes radiales.

Entre tanto, el gobierno declaró ilegal -según un decreto publicado en el diario oficial El Peruano- la huelga de los maestros públicos, lanzada hace más de dos semanas por aumentos salariales, y anunció sanciones para los profesores que no acudan su centro de labores.

Las manifestaciones y las protestas violentas, así como la ola de huelgas que han afectado los servicios de educación, salud y el sector agrícola, se han convertido en un dolor de cabeza para Toledo, cuya popularidad ha caído a un 14 por ciento después de casi dos años de haber llegado al poder.

Las protestas se producen pese a que el mandatario ha logrado buenos resultados macroeconómicos: una expansión económica del 5,2 por ciento el año pasado, una de las mayores tasas del mundo, frente al magro crecimiento del 0,2 por ciento en el 2001.

Pero los peruanos están decepcionados con Toledo, pues sienten que no ha cumplido con su promesa de reducir la pobreza, que alcanza a poco más de la mitad de los 27 millones de habitantes, y el desempleo, que bordea el 10 por ciento de su población laboral.

La decisión de declarar el estado de emergencia fue aplaudida por los empresarios que se vieron perjudicados con el bloqueo de carreteras y la consecuente repercusiones en el comercio, pero fue criticada por la central sindical mayoritaria del país, que amenazó con continuar con las manifestaciones de protesta.

"Es una gran medida para controlar definitivamente el país. Esperamos que en estos 30 días el Perú pueda volver a su situación normal", dijo el presidente de la Confederación Nacional de Empresas e Instituciones Privadas (CONFIEP), Leopoldo Scheelje, a una radioemisora local.

"El hecho de declarar el estado de emergencia demuestra una vez más la torpeza del gobierno en su capacidad para encarar los problemas del pais", dijo el presidente de la Conferación General de Trabajadores de Perú (CGTP), que reune a la mayoría de sindicatos del país, Mario Huamán, a una radio local.

"Las marchas no van a cesar mientras persistan los problemas que originan las marchas", agregó el dirigente.

La última vez que Toledo declaró el estado de emergencia fue en junio del 2002, pero la medida se limitó a las ciudad sureña de Arequipa, en medio de protestas contra la privatización de dos empresas eléctricas.