El decreto ejecutivo Nº 256, publicado ayer en el Registro Oficial, creó la Corporación Nacional de Protección al Migrante.

Su objetivo es “articular y coordinar las acciones de protección al migrante con los consejos, organismos y dependencias del Estado”.

La corporación promoverá el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo en las zonas de mayor migración, para mitigar y reducir el flujo migratorio al exterior. El decreto sostiene que este organismo tendrá presupuesto propio, autonomía administrativa y financiera.

Está liderada por un directorio, conformado por un delegado del Mandatario (quien lo preside); por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Educación, de Trabajo y de Bienestar Social; por el Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana o su delegado; por un representante de las corporaciones, fundaciones y asociaciones que trabajan con los migrantes; por el Defensor del Pueblo; y un representante de la Asociación Nacional de las Juntas Parroquiales.

El Ejecutivo prohíbe a las demás instituciones del sector público la creación de unidades o dependencias con el mismo fin. Los ministerios que integran el Directorio de la Corporación se responsabilizarán de la ejecución de este proyecto.