Los indígenas productores de coca de Bolivia, que bloquean las carreteras del país desde hace diez días, lograron ayer el respaldo del líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y diputado por el Movimiento Indígena Pachakuti, Felipe Quispe, quien prometió sumarse a la protestas “en el momento necesario”.

Los campesinos cocaleros, que mantienen virtualmente suspendido el tráfico en la vital ruta Cochabamba-Santa Cruz, reclaman del Gobierno, entre otras cosas, el cese de la erradicación de los cultivos de hoja de coca, la no conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la convocatoria a elecciones adelantadas.

En un intento por desactivar el conflicto social, el gobierno había alcanzado acuerdos por separado con los sindicatos de mineros y de jubilados.

Los mineros, que reclamaban la reactivación del sector, comenzaron a negociar con el Gobierno tras violentos enfrentamientos con las tropas en la sureña localidad de Machacamarquita, donde efectuaron cortes de ruta, y un manifestante murió tras el impacto de una bala en el pulmón.

Sánchez de Lozada suscribió también un acuerdo con los ancianos jubilados que se oponen a un nuevo sistema de cálculo de sus pensiones y marcharon por el páramo andino durante ocho días, recorriendo 100 kilómetros.

En medio de la conmoción social, el Gobierno descartó la existencia de una guerrilla en su territorio, pero admitió que hay un pequeño “grupo aislado” armado que pretende crear “psicosis” y terror en la población, realizando emboscadas contra los soldados en apoyo de los indígenaas cocaleros.

El ministro de Defensa boliviano, Fredy Teodovic, señaló la formación de un presunto Ejército de Dignidad Nacional (EDN) en las colinas cercanas a la ciudad de Cochabamba, en el centro del país.