La inmensa mayoría de ecuatorianos se pronunció por el cambio. ¿Qué cambios? El primero ya se dio por un pronunciamiento directo de los electores. Hay caras nuevas en el hacer político. El pueblo ya hizo lo suyo. Ahora corresponde profundizar en los cambios.

La impunidad, como forma de vida en una sociedad, debe terminar. Cuando la autoridad administrativa o judicial no cumple su función sancionadora, o la cumple en forma irregular, el hombre común pierde fe en el sistema que rige la vida de su país. Se impone un cambio para la transparencia en las licitaciones y concursos públicos. Fin a la coima e identificación pública de los corruptos y corruptores. Que la cárcel se les abra.

 Cambios para que exista empleo. La única forma de lograrlo es reactivando el proceso productivo. La riqueza honorablemente lograda en lo personal o en el grupo es resultante del trabajo. Ni Estado ni el sector público pueden convertirse en empleadores porque la incidencia de sus egresos perjudica a todos como lo hemos sentido y vivido en los últimos años. La inversión para que la tierra produzca más, para que la industria se desarrolle con mejor tecnología y óptimos resultados, se impone. Para ello se requiere de cambios profundos en el manejo de los créditos. La banca ecuatoriana cuestionada por sus fracasos, y falta de solidaridad con el país, no puede seguir con los créditos cerrados ni con intereses tan altos. El nuevo Gobierno, junto con la banca honorable, debe crear nuevas reglas para que el crédito sea fácil y el ahorro de los ecuatorianos sirva al país y no a la banca externa. Cambio en los gastos del Estado. No se puede mantener un presupuesto anual cuyos rubros principales sirvan para pagar la deuda externa que siempre crece y para pagar una burocracia en la que no existen criterios justos para entregar las remuneraciones. Cambio en el criterio fiscalista del Estado. No cabe que la persecución de las autoridades de rentas siga limitando a los empresarios. La seguridad jurídica, respetando los contratos firmados y obligando a todos a que se sometan a la ley, es indispensable.

Igualmente la seguridad económica, para que con buenos controles nuestro dinero depositado en instituciones financieras nos sea devuelto cuando lo requiramos. El combate abierto, sin tregua, a la delincuencia organizada es obligación prioritaria. Cambio en la seguridad social para que el IESS, a pesar de tener nuestro dinero, deje de maltratarnos y perjudicarnos en cada servicio que solicitamos. Cambios en la educación y la salud para que los pobres no sigan siendo víctimas de profesores sin preparación y de médicos que al pobre lo miran con desprecio. Cambios en la forma de hacer política para que los cargos públicos sean ocupados por los mejores y no como pago por favores recibidos o por negociaciones políticas a espaldas del pueblo.

En fin, cambios que signifiquen la creación de una nueva moral política, la presencia de una férrea disciplina social bajo un liderazgo firme y sin tachas que permita nuevas esperanzas para un pueblo pujante que ha sido víctima permanente de su mala dirigencia y clase política.