La apertura de la recolección de naranjas desató también una lucha por sobrevivir sin papeles en regla.

Trabajar en el campo español sin documentación en regla constituye una misión casi imposible.

Es la primera sensación de los inmigrantes que se suman a la temporada de cosecha de cítricos en comunidades como Huelva, El Ejido, Murcia y Valencia.

Este proceso arranca con los intermediarios (cabo, capataz o jefe de cuadrilla) entre la empresa contratista y los jornaleros. La misión de esos hombres es recoger gente con documentación en regla, que sea propia o ajena es lo de menos porque lo único que importa es el número que figura en la parte superior derecha de los permisos de trabajo y anotarlo en los roles de pago de la empresa frutícola, declara Walter Espín, un recién llegado de Riobamba.

Los empresarios que contratan gente sin expediente laboral corren el riesgo de ser sancionados con 6.000 euros por cada inmigrante. En Murcia, por ejemplo, la Guardia Civil “caza” jornaleros que incumplan con la ley.

Los  que tienen permiso de trabajo usualmente laboran como albañil, soldador, mecánico, pintor; pero prestan su carné a un familiar o amigo, a cambio de una paga mensual de 60 euros o, si el dueño de los papeles no trabaja, piden que les cancelen la Seguridad Social, que en el campo asciende a 62 euros al mes.
La figura es el jefe de cuadrilla, quien tiene contactos y de su decisión depende que un inmigrante vaya al campo.

Los inmigrantes que acuden a la estación de autobuses de Valencia o a la plaza de Manuel Sanchis Guarner deben “encomendarse a los santos para caer bien al capataz y trabajar ese día”, asegura un ecuatoriano que prefiere obviar su nombre.

A la mayoría de los jornaleros se la explota día tras día. Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado aquellas contrataciones ilegales ante el Ayuntamiento y la Inspección de Trabajo.

Pero el resultado ha sido siempre el mimo: “Oídos sordos”, según CCOO en el área de inmigración.