El Congreso aprobó ayer, en segundo y definitivo debate, el proyecto urgente que reforma la Ley de Responsabilidad, Estabilidad y Transparencia Fiscal.

El paquete legal pone un freno al endeudamiento público e impone en el país un sistema de ahorro de los recursos a través de la constitución de un fondo para enfrentar desastres naturales.

Con ello se fijó que la relación deuda- Producto Interno Bruto (PIB) disminuirá como mínimo 16 puntos porcentuales cada cuatro años, hasta llegar al 40%. Una vez alcanzado ese nivel, no podrá superar ese límite.

En la medida en que el nivel de endeudamiento disminuya, automáticamente se liberan más recursos para el presupuesto del Estado, que serán destinados a las áreas más vulnerables como educación y salud.

El ahorro saldrá de la exportación del crudo pesado que se transportará a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Según el presidente de la Comisión de lo Tributario, Fiscal y Bancario, Raúl Hurtado, con la operación del OCP a partir del segundo semestre del 2003, se estima un ingreso de 80 millones de dólares; en el 2004 será de alrededor de 200 millones; y, en el 2005 llegará a 400 millones. Esto permitirá que el Estado cuente con recursos que darán tranquilidad e impedirá los sobresaltos económicos si baja el precio del petróleo.

 Los recursos del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep), solo se podrán movilizar los dineros mediante decreto ejecutivo.

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Los decretos  ejecutivos que se refieran a la recompra de la deuda tendrán el carácter de reservados por un período de 60 días contados a partir de su expedición.

La ley mantiene  los mismos porcentajes de distribución del Feirep, es decir, el 70% será para la recompra de la deuda externa e interna; el 20% a estabilizar los ingresos petroleros; y el 10% para  la educación y salud.

Se dispone,  además, que el pago de la deuda del Estado con el IESS se destinará al mejoramiento de las pensiones jubilares y a reducir el déficit actuarial de pensiones del Seguro Social.

El proyecto  pasará al Ejecutivo para su sanción o veto, por lo cual tiene un plazo de diez días.