La suerte del coronel Luis Hernández, quien presentó una demanda de amparo en el Tribunal Constitucional (TC) para que las Fuerzas Armadas revisen su ascenso a general, se encuentra en manos del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).

El vocal que representa a la agrupación política en el TC, Guillermo Castro Dáger, deberá dirimir la votación. El trámite de la causa, que se mantiene estancada desde hace cuatro semanas, enfrenta un empate en el organismo constitucional.

A favor de conceder el amparo se alinearon Hernán Rivadeneira (PSE), Andrés Gangotena, suplente de Hernán Salgado (independiente); Armando Serrano (PSC); y Byron Ayala, suplente de Oswaldo Cevallos (PSC).

En contra se pronunciaron Carlos Helou (MIN), Marco Morales (ID), Luis Mantilla (PSC) y René de la Torre (DP). El TC no resuelto el tema porque el vocal del PRE estuvo ausente en las últimas reuniones.

Según fuentes del Tribunal, Castro está presionado por su partido para que su voto, a favor del amparo, motive el retiro de la querella penal por injurias calumniosas que planteó el ex ministro de Defensa, José Gallardo, en contra del diputado Fernando Rosero (PRE).

Aunque Castro apoyó en las primeras votaciones la concesión del amparo, en las últimas tres semanas no asistió a las sesiones del pleno.

En la última semana, Castro mantuvo conversaciones telefónicas con el líder del PRE, Abdalá Bucaram, y con Rosero. La intención, según las mismas fuentes, era buscar un acuerdo para continuar en la línea de respaldo a Hernández. Rosero apoya que Gallardo retire la acción penal en su contra a cambio del voto de Castro.

El ex ministro de Defensa emitió un escrito ante los vocales del TC a favor del coronel.

El tema consta en la agenda que mañana del pleno.

Argumentos

La defensa de Hernández sostiene que la decisión del Consejo de Generales, que lo calificó como no idóneo para ascender a general, y el proceso que siguió su reclamo no se sujetaron a las normas constitucionales.

La reconsideración  que presentó el coronel al Consejo de Oficiales Superiores, para que este revisara la decisión del órgano máximo, fue negada. Los abogados del coronel argumentan que hubo discriminación, que no se respetó el derecho a la honra y a la buena reputación, que se violó la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso.

El oficial asegura que sus superiores nunca le permitieron conocer los motivos de su descalificación; tampoco supo cuántos votos obtuvo y la identidad de quienes votaron.