Es evidente que un abultado ordenamiento, compuesto por códigos, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos ministeriales, reglamentos, instructivos, etcétera, que se encuentren obsoletos o se superpongan genera inseguridad jurídica.
Muchos errores o injusticias se podrían producir al invocar o aplicar una disposición legal, reglamentaria u otra, que hubiese sido derogada o reformada.
Siendo la seguridad jurídica uno de los pilares sobre los que se sustenta la competitividad, la Cámara de Comercio de Quito, con un grupo de distinguidos profesionales del Derecho a la cabeza, presentó a la Presidencia de la República un proyecto para eliminar la “basura jurídica”. Dicha propuesta fue bien acogida por el Primer Mandatario, quien creó la Comisión de Depuración Normativa, en vigencia desde julio pasado, que cuenta con 16 abogados y el apoyo de importantes juristas, en coordinación con las facultades de Jurisprudencia de las universidades del país y con la Academia Ecuatoriana de Derecho Administrativo.
La labor de la Comisión consiste en alcanzar la derogatoria de las normas ministeriales que se encuentran abolidas tácitamente, o que son anacrónicas o contrarias a la Constitución o a las leyes, o que hubiesen sido reguladas por leyes posteriores; redactar el documento base para implantar un régimen común de procedimientos administrativos, aplicable en todos los ministerios, para simplificar, unificar y organizar la actuación de la administración pública; elaborar un reglamento que permita el control de los actos discrecionales de la administración y evitar así la arbitrariedad y el abuso de los funcionarios públicos; y preparar un instrumento único por Cartera de Estado, donde se recoja toda la normativa general aplicable por y a cada una de ellas.
No obstante el poco tiempo transcurrido, ya tenemos los primeros resultados: el 13 de agosto del 2002 se publicó en el Registro Oficial Nº 639 el decreto ejecutivo por el cual se eliminaron 194 disposiciones normativas que habían caído en desuso; en la misma fecha se dictó otro decreto por el cual se suprimieron 94 disposiciones más por las mismas razones y se ajustaron aquellas que hacían relación al sucre como moneda oficial; el 21 de agosto se dictó otro decreto que dejó fuera de vigencia otras 321 disposiciones; y, por decreto reciente, quedaron insubsistentes 355 más, todo tomando como base parte del trabajo realizado por la Cámara de Comercio de Quito, corregido por la Comisión Jurídica mencionada.
Adicionalmente, ya se encuentra firmado el decreto por el cual se unifican los procedimientos para la creación y funcionamiento de las ONG que se establecen en virtud de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro 1º del Código Civil, debiendo haberse alcanzado los fines propuestos hasta diciembre de este año.
Este laborioso trabajo debiera ser imitado por el Legislativo y organismos seccionales para disminuir la inseguridad jurídica del país, tarea prioritaria del Consejo de Competitividad y de su Consultivo. Sin seguridad jurídica no podremos desarrollarnos ni menos ser tomados en serio en el concierto internacional.