Caso partidas especiales pasó, desde ayer, a conocimiento de la Fiscal de la Nación, Mariana Yépez.

La ministra fiscal, Mariana Yépez, remitió ayer al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una extensión de la instrucción fiscal en la que solicita orden de prisión para el ex ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel, y los ex subsecretarios, Jorge Morán y Galo Farfán.

Fuentes judiciales afirmaron que el documento no había llegado a la Corte Suprema hasta finalizar la tarde de ayer.

Yépez asumió ayer el proceso que se tramita para determinar las responsabilidades en el manejo irregular del presupuesto y en la designación de partidas especiales a los municipios, durante la gestión de Emanuel.

Lo hizo luego de que la Contraloría anunció, el jueves, el resultado de la auditoría especial que efectuó dentro del Ministerio. El informe implica al ex ministro Emanuel, quien goza de fuero de Corte.

El organismo encontró responsabilidades penales, por peculado y falsificación de fondos, en la actuación de Emanuel y los ex subsecretarios. Farfán está ya encausado con orden de prisión.

El fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras, Jorge Montero, se excusó ayer de continuar tramitando el proceso, para que este pase a conocimiento de Yépez.

Montero solicitó, además, que la Policía Judicial (PJ) ubique a los ex funcionarios, acusados por la Contraloría.

El caso continuará con las diligencias previstas, presididas por Yépez. El plazo legal de 90 días para el trámite de la instrucción fiscal terminará, pese a los cambios, el 26 de septiembre.

El informe de Contraloría fue entregado la mañana de ayer, directamente, a la Fiscal.
La investigación de la Contraloría continuará con la examinación a los gobiernos seccionales, especialmente a los municipios que recibieron asignaciones especiales.

Según el contralor del Estado, Alfredo Corral, esta etapa se inició en todo el país con la participación de 100 auditores.

El examen, dijo, permitirá conocer la utilización de recursos, obras realizadas, cumplimiento de procedimientos contractuales, si existió o no sobreprecio y si los contratistas cumplieron o no las garantías.

EL PROCESO

Roberto Bourne  Chiriboga, presidente de la empresa contratista Dismariego, negó ser parte de la supuesta red que tramitaba irregularmente partidas especiales hacia los municipios desde el Ministerio de Economía.

Bourne rindió  su testimonio sin juramento, el jueves anterior, ante Jorge Montero, fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras, encargado del trámite del proceso.

Según el  compareciente, no son ciertas las afirmaciones del abogado guayaquileño Iván Ojeda, quien lo mencionó como uno de los responsables del funcionamiento de la red de corrupción en el Ministerio de Economía, en conjunto con Luis Chávez Toala.

Para el martes de la próxima semana la Fiscalía tiene previsto recibir la ampliación de la versión de los hechos de Iván Ojeda. Este mismo día comparecerá el Alcalde de La Troncal.