sábado 10 de agosto del 2002 Columnistas

Hechos históricos


El presidente del Centro de Estudios Regionales, sociólogo Gaitán Villavicencio, sostuvo que es importante que en América Latina el primer mandatario concluya su período por el tiempo fijado en la Constitución a fin de que pueda cumplir su plan de gobierno.

Lamentablemente en el Ecuador no se ha mantenido la regularidad sucesoria que permita el ordenamiento necesario para avanzar en las conquistas que el país requiere. En una ocasión, por ejemplo, se registró la perjudicial circunstancia de tener tres presidentes en el lapso de unos días.
En la última transformación política que se produjo el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, en el mismo día se anunció desde el Palacio de Gobierno la designación de un triunvirato para asumir el mando del país, pero al amanecer –informó la prensa al día siguiente– el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano había sido investido con la más alta magistratura de la República, habiéndose posesionado en el Ministerio de Defensa y no ante el Congreso como lo prescribe la Constitución en el numeral 1 del art. 130.

El presidente Noboa no ha desarrollado un positivo plan de gobierno. Estando ya al finalizar su período es sensible observar que ha dejado su actitud jovial para adoptar ahora, de manera abrupta, expresiones como las que hace poco tiempo dirigió a los congresistas denominándolos “diputados de alquiler”. A su vez, el Ing. León Febres-Cordero declaró, según aparece en EL UNIVERSO del 15 de julio de 2002, que debía seguírsele un juicio político al Primer Magistrado.

Al comienzo de nuestra vida republicana se registraron acontecimientos políticos en los que se puso de manifiesto hasta qué extremo se puede llegar –en algunos casos– cuando se aspira a obtener la Presidencia de un país. Como ejemplo podemos citar el caso del venezolano Juan José Flores quien, con el ánimo de lograr su ascensión al poder, consiguió que en el Primer Congreso efectuado en Riobamba en 1830 se incluyera el art. 33 conteniendo disposiciones que directa y abiertamente lo favorecían y en el que se estableció lo siguiente: “Para ser Presidente o Vicepresidente se requiere: 1) ser ecuatoriano de nacimiento. Esta disposición no excluye a los colombianos que hubiesen estado en el actual servicio del país al tiempo de declararse en Estado independiente, y que estén casados con una ecuatoriana de nacimiento, y que tengan una propiedad raíz de treinta mil pesos...”.
Debe aclararse que cuando se habla de “colombianos” se refiere a todos los ciudadanos de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela que conformaban la República de la Gran Colombia.

En la historia de nuestra América no existe otro caso de tanta impudicia como ese art. 33 de la Constitución que fue incluido con el solo propósito de ofrecer todas las opciones para que el audaz y arrogante Flores sea el primer Presidente del Ecuador.

Asombra que ciudadanos de alta categoría intelectual y moral como José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte o Vicente Ramón Roca, hayan aceptado una ignominia constitucional de tal naturaleza perpetrada por Juan José Flores y, lo más increíble, es que ese ciudadano venezolano haya sido elegido tres veces Presidente del Ecuador.

Cuando el 6 de marzo de 1845 se dio fin a la desmedida ambición de Juan José Flores, sin embargo, continuó la sumisión de algunos patriarcas, la  que se refleja en el Pacto o Convenio de La Virginia en el que se le concedía –entre otros privilegios–, el dinero que necesitaría para subsistir por dos años en Europa; garantizarle su empleo de General en Jefe; sus honores y rentas; guardar consideraciones a su familia y pagar mensualmente a su esposa la mitad del sueldo que disfrutaba el Presidente.

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