Enrico Benincasa, uno de los supuestos involucrados en la red de tramitación irregular de partidas especiales en el Ministerio de Economía, dijo ayer que desconoce lo que se ha denunciado en este caso y que no formó parte del grupo que supuestamente gestionaba recursos a cambio de coimas.
Benincasa declaró ayer ante Jorge Montero, fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía.
En la diligencia reconoció que acudió al Ministerio de Economía, por dos ocasiones, con el propósito de saludar a su amigo, el ex ministro Carlos Julio Emanuel, pero no colaboró como su asesor, dijo Benincasa.
Las denuncias del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Carlos González (ID), tienen –dijo– una intencionalidad política.
González sostuvo que Benincasa era el encargado de tramitar las partidas presupuestarias y que, para ello, se reunió en el hotel Hilton Colón con Tomás Chávez, entonces empleado del Congreso.
Benincasa negó esta versión y aseveró que nunca conoció a Chávez; por su actividad empresarial en el área pesquera, gastronómica y de carga, tuvo que alojarse por varias ocasiones en el mencionado hotel.
Negó también haber tenido alguna relación con Iván Ojeda Aguirre, quien –según el parlamentario denunciante– era el encargado del cobro de los cheques que emitían los contratistas como pago de comisiones por concesión de contratos. Ojeda intervenía cuando dichos cheques resultaban protestados, consta en la denuncia.
Benincasa aseguró que conoció en actos sociales a Ramiro Espinosa, Kléver Chica, Galo Farfán y Anabel Quintana, ex funcionarios del Ministerio. Con Chica se conoció durante una competencia de natación en la que participó una de sus hijas, agregó.
Involucrados
Luis Chávez, Rosario Chávez, Ramiro Espinosa, Galo Farfán, Eduardo Flores Torres, Roxana Pérez, Alberto Arteaga, Hernán Basurto y Víctor Ramírez enfrentan órdenes de prisión por su presunta participación en la red que tramitaba partidas especiales en el Ministerio de Economía.
Para la investigación del caso partidas, la Fiscalía cuenta con 51 días más.
La etapa de instrucción fiscal, que dura 90 días, se inició el 26 de junio pasado.
Para adoptar una resolución en esta causa, la Fiscalía espera el informe del examen especial que realiza la Contraloría General del Estado a la utilización de los recursos provenientes de las asignaciones especiales.