El presidente de la Corte Superior de Tena, Hernán Barros, ordenó la detención del prefecto de la provincia de Orellana, Daniel Lozada, y de cinco de sus colaboradores, por el supuesto delito de peculado.

Mediante providencia del pasado 30 de julio el juez dispuso, además, la detención de Máximo Arrobo Narváez, Édison Romo Moroto, Luis Eduardo Grefa, Miriam Vinueza Sanmiguel y del procurador síndico de la prefectura, Carlos Pozo Medina.

Con esta providencia se declaró abierta la etapa plenaria en contra de los sindicados, por la supuesta apropiación ilícita de fondos, por un monto de 25 millones de sucres, según los acusados.

El ilícito se habría perpetrado en la contratación de fletes fluviales ficticios, durante el año 2000.

El juicio se inició por denuncia del diputado Estuardo Hidalgo (FRA), quien fue previamente acusado por Lozada de presionar a la prefectura para que le entregue tres millones de dólares, del presupuesto de la provincia, para realizar obras.

Concope acusa
El Consorcio de Consejos Provinciales, Concope, envió una comunicación a la Corte Suprema de Justicia, en la que señala que el diputado de esa jurisdicción (Estuardo Hidalgo), “utilizando a la Función Judicial y específicamente al fiscal distrital de Napo y a los magistrados de la Corte de Justicia de Tena, pretende desconocer y atentar contra la institucionalidad del gobierno provincial y su principal autoridad, Daniel Lozada.