Recientes desalojos de asentamientos ilegales ponen en escena el olvido oficial del sector rural.

“Aquí se pasan muchas penurias, pero los arriendos están tan caros y la necesidad de tener un terrenito propio es tan grande que uno se arriesga y aguanta todo...”.

La voz resignada de Juana Fernández (32) se perenniza en los 16 m² de su casa hecha con caña y plástico, en la precooperativa Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil, por el canal de trasvase de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedegé).

Entre esas paredes que se calientan con el sol de un lunes de julio, Juana lava ropa mientras sus hijos Miguel (12), Jairo (10) y Jéssica (6) hacen las tareas escolares en el piso de tablas y José (1) duerme en un colchón raído por tanto uso y pisadas.

Lejos de esa realidad de casas de caña –sin servicios higiénicos, ni grifos para agua potable– y de caminos sinuosos que no conocen el alumbrado público, ni el asfalto, su esposo, el manabita Rubén Bermello (32), trabaja en un chifa del centro de la ciudad por 150 dólares mensuales.

Los Bermello-Fernández son parte de las 2.000 familias que habitan en ese sector, que empezó a formarse hace tres años con gente que llegó de distintos puntos del país y que se quedó en el lugar porque no podía pagar en otro un alquiler que  les resulta caro.

Pagan por un sueño
En los últimos meses se han descubierto unos cinco asentamientos ilegales alrededor de la urbe, incluido este que heredó el nombre del ex comisario de Salud del Guayas, Sergio Toral, quien pagó cuatro mil dólares como fianza por la revocatoria de la orden de prisión que había en su contra por la acusación del delito de estafa por vender lotes para vivienda sin permiso de la Municipalidad.

En los asentamientos viven familias que con dificultad logran reunir dinero para comprar un lote que les ofrecen ilegalmente traficantes de tierra o políticos con fines electorales. Se convierten en posesionarios o invasores del predio, pero al final los desalojan y solamente se quedan con la ilusión de tener casa.

Juana vendió la única chanchita que tenía en 70 dólares. Con 50 compró el terreno y con 20 el material con el que su esposo Rubén armó la casa sobre un lote de 8 x 15 m, que cuesta 50 dólares para todos. La condición es construir antes del mes, porque de lo contrario pierde terreno y plata.

Pero en un año y dos meses que viven allí, aún no pueden reunir 50 dólares para que los dirigentes del sector les conecten el servicio de energía eléctrica que tienen con la compra de transformadores.

Quizá muchos de los que viven como ella son parte del 67% de la población pobre del país. Un grupo que no puede acceder a los planes habitacionales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y de la Municipalidad de Guayaquil.

Otro tanto podría pertenecer al 86% de pobres del sector campesino. Gente que dejó su pueblo por falta de desarrollo, porque la corrupción y su red de coimas impidieron que llegaran las partidas económicas o los recursos se quedaron en otras arcas.

Ambas son cifras de la realidad ecuatoriana que reportaron en 1995 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (Siise).

Marcos Mina (43), otro morador de la precooperativa Sergio Toral, es parte de esas estadísticas. Dejó su natal  San Lorenzo, en Esmeraldas, porque lo que ganaba con la pesca no le alcanzaba para mantener a sus cuatro hijos y a su mujer, María Bonilla.

Pero el traslado a Guayaquil con su familia no fue mejor. Aquí tuvo tres hijos más. No todos estudian porque lo que gana vendiendo arroz, zapallo, yuca y otros productos que cultiva en el patio de su casa apenas alcanza para alimentarlos.

Dengler (15) y Darwin (13) venden tortillas, mientras Marcos (10) y Miguel (9) ayudan a su padre a cortar el monte hábilmente con machete en mano. María (8) apoya a su madre con el cuidado de Marlon (3) y Moisés (4 meses).

“Al menos ahora me ahorro la platita del alquiler”, dice Marcos, decidido a defender de cualquier desalojo su casa de caña, adornada por una mesa sin sillas, un espejo y una repisa que ya se desbarata.

Según proyecciones del Miduvi, Guayaquil tiene un déficit anual de 25 mil viviendas y Guayas de 250 mil. Es decir que ese es el número de casas que deberían construirse para satisfacer la demanda.

Lo que Juana y muchos de sus vecinos ignoran es que ningún dueño de terreno puede vender lotes para casas sin permiso del cabildo y menos si el área no tiene servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado), como ocurre en el sector que él habita.

Con el miedo al desalojo
Isabel Montoya (Los Ríos) y su esposo Néstor Aguilar (Manabí) saben que puede haber un desalojo –hace dos años la Policía derribó diez casas–, pero en esta tarde todavía caliente vuelven con la cocina y la cama que sacaron la semana pasada.

Los dirigentes de la precooperativa, representados por Ana Rodríguez, creen que al haber quitado al sector el nombre de su asesor y líder, Sergio Toral, ya no los expulsarán. El asentamiento se denomina ahora Un techo para los pobres.

En estos predios lo veneran a Toral aquellos que llevan su imagen en gorras y camisetas y que escriben en carteles frases como  “Señor alcalde, somos tu pueblo socialcristiano”, partido con el que, según cuentan, él se identificaba.

A Juana le es indiferente la política. “Yo solo quiero tener mi terrenito. El resto se consigue con buena salud”, dice mientras se alista para caminar 3 km, hasta la Av. Casuarina, donde todas las noches espera a Miguel, su hijo, que estudia en colegio nocturno ubicado en La Florida.

Esta noche Juana no tiene los 14 centavos para tomar la línea Canal 8, la única que moviliza a los moradores de esta zona hasta la avenida principal, donde abordan otros buses que los transporta a diferentes sectores de la ciudad.

A paso lento y con las manos en los bolsillos del viejo suéter que la protege del frío, Juana se aleja por un camino solitario, sinuoso y oscuro, el único acceso a la precooperativa. Desafía al peligro. Pasa penurias. Pero se resigna con tal de tener su terrenito.