Contraloría: La mayoría de legisladores pueden ser acusados de enriquecimiento ilícito.

El subcontralor Genaro Peña informó ayer que un alto porcentaje de diputados no ha presentado la declaración juramentada de bienes que determina la Constitución y que, por tanto, podrían incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito.

Peña recibió al bloque parlamentario de Patria Solidaria, cuyos legisladores entregaron sus declaraciones de bienes a la Contraloría. El objetivo: desvincular sus nombres de los actos de corrupción que se habrían cometido en la tramitación de asignaciones especiales para los municipios.

El pasado 28 de marzo, el contralor Alfredo Corral solicitó al presidente del Congreso Nacional, José Cordero, que exigiera a los parlamentarios y a otros funcionarios del Congreso el cumplimiento del artículo 122 de la Constitución, que los obliga a declarar sus bienes.

La inobservancia de esta norma, advirtió Corral, acarrea responsabilidades para quienes no presentan su declaración y quienes no la exigen.

El Contralor hizo un pedido similar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo. Los magistrados, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y los ministros de las cortes superiores y tribunales distritales deben declarar su patrimonio al inicio de sus funciones y cada cuatro años.

Reportes
La Contraloría recibe las declaraciones de bienes al inicio y al final de la gestión de cada uno de los legisladores. Estos documentos, al término del mandato, se revisan y comparan para determinar si hubo o no un incremento injustificado de la riqueza.

Si no existe justificación, la Contraloría presume enriquecimiento ilícito y lo comunica al Ministerio Público, el que se encarga del trámite procesal respectivo.

El subcontralor Peña sostuvo ayer que el examen que efectúa este organismo de control sobre el supuesto mal manejo de recursos públicos, en la tramitación ilegal de partidas especiales para los gobiernos seccionales, estará listo en unos 30 días.
Al momento, dijo, el organismo de control recopila datos en los organismos seccionales que habrían sido beneficiados con esos recursos.

Congreso insiste en pedido
El Congreso Nacional ratificó ayer el pedido que efectuaron los legisladores al presidente de la República, Gustavo Noboa, para que revele los nombres de los diputados de “alquiler”; caso contrario, insistieron, estaría incurriendo en el encubrimiento de hechos de corrupción y en la figura de cohecho, causal para un juicio político.

El presidente del Parlamento, José Cordero (DP), dijo que “es muy grave alquilar diputados, pues debemos estar hablando de cohecho y ese es un delito muy grave, espero que dé nombres”. En las declaraciones del Mandatario relacionadas con los diputados, afirmó Cordero, no hay discrecionalidad alguna.

El parlamentario Henry Llanes (ID) insistió en que Noboa tiene la obligación moral de revelar los nombres; si no lo hace, “aparecería como el primer cómplice y encubridor del cohecho”.

El ministro de Gobierno, Rodolfo Barniol, se abstuvo de comentar la posición de los legisladores mientras no conozca –dijo en una rueda de prensa– el contenido total de la resolución que adoptó el Congreso.

Pons advirtió a Fiscalía y Contraloría

Juan José Pons (Unión Nacional Uno) dio ayer un plazo de quince días para que la Fiscalía y la Contraloría del Estado presenten un informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas al trámite de las partidas especiales.

Agregó que si existen declaraciones y evidencias, los dos organismos no necesitan seis meses más para determinar responsabilidades, porque luego del 30 de julio todo será motivo de campaña electoral.

Si no presentan el informe serán llamados al Congreso para que expliquen el motivo de la dilatación, advirtió.

 En su primera reunión, el Comité de Excusas y Calificaciones resolvió dar la próxima semana un informe sobre el contenido del disco duro de la computadora del Ministerio de Economía, que fue entregado por la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional.