Ángel Asimbaña, un microempresario que comercializaba detergentes y jabones y que tenía alguna experiencia en fumigación en colegios de la capital, fue uno de los escogidos por una oficina supuestamente relacionada con el Ministerio de Salud Pública (MSP), para realizar la fumigación de 16 cantones de la Costa.

El hombre, que vive en un sector del sur de Quito, relató ayer cómo Daniel Redrován, ex prefecto del Azuay y asesor del Congreso, le ofreció un contrato irregular para realizar fumigaciones en el cantón Montecristi.

Según Asimbaña, de lo que se trataba era de que él prestara el nombre de su empresa y que a cambio le darían 3.000 dólares. El contrato era por 82.000 dólares.

Según Asimbaña, él debió firmar un poder para que Luis Fernando Ribadeneira Viteri pudiera cobrar el valor total del contrato. Asimbaña dijo que se excusó sin haber recibido ni siquiera el abono inicial.

El relato de Asimbaña es una de las pistas que tiene el legislador Carlos González (ID) para denunciar que la red de partidas especiales también se manejaba con este procedimiento.

Según González, una investigación realizada por él señala que el patrón de conducta se repitió desde octubre hasta diciembre y en varios municipios como Montecristi, Jipijapa, Nobol, Pedro Carbo, entre otros.

Los municipios eran declarados en emergencia sanitaria debido a problemas con paludismo, mal de chagas, entre otros. Siempre firmaba un delegado municipal del departamento de Obras Públicas, dijo.


FUMIGACIONES
El diputado  Carlos González dijo que otro de los hechos irregulares fue que el Ministerio de Salud no utilizó sus dependencias provinciales para entregar los recursos para las fumigaciones, sino que se lo hizo directamente con los Municipios. González aseguró que ninguna de las fumigaciones fue efectiva: “solo se roció agua con harina”, aseguró el legislador quien dijo que los contratos ascendieron a 8 millones de dólares.