Intendente tomó la decisión porque la jueza 7º de lo Penal de Pichincha asumió el trámite legal del caso.

El intendente de Pichincha, Víctor Hugo Olmedo, revocó las órdenes de prisión que emitió –el 21 de junio pasado– en contra de ocho presuntos implicados en el trámite ilegal de asignaciones especiales para los municipios.

El intendente envió al juez 13º de lo Penal de Pichincha, Antonio Guerrero, un oficio para explicarle que las medidas cautelares quedaron sin efecto el 27 de junio y que tomó esa decisión porque la jueza 7º de lo Penal de Pichincha, Lucrecia Mora, asumió el trámite legal del caso.

El intendente había ordenado la prisión preventiva de Kléber Chica, Luis Chávez Toala y su hermana Rosario, Enrico Benincasa Azúa, Galo Farfán Pacheco, Eduardo Flores Torres, Iván Ojeda Aguirre y Roberto Bourne Chiriboga.

De estos ocho ciudadanos, siete constan en las listas de órdenes de prisión emitidas por la jueza Lucrecia Mora; por el juez 7º de lo Penal del Guayas, Jorge Guzmán; y  por el juez 4º de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano. La excepción es Bourne.

Olmedo se dirigió al Juzgado 13º de lo Penal porque este tramita los recursos de amparo de libertad solicitados por Kléber Chica (ex colaborador del ex ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel) y Luis Hernández, pese a que este último no ha sido implicado por los jueces.

Transcurrida más de una semana desde que se presentó la denuncia sobre irregularidades en la entrega de recursos presupuestarios, solo dos personas continúan detenidas: Rosana Pérez y Alberto Arteaga.

Congreso busca pruebas
En el Congreso, la mayoría de legisladores reclama a los organismos de control y justicia que difundan los nombres de los diputados que estarían involucrados en la red de tramitadores de partidas especiales, a fin de poder entrar a una autodepuración.

De no hacerlo, sostuvieron José Cordero y Antonio Posso, presidente y primer vicepresidente del Parlamento, se estaría injuriando al Congreso.

El diputado Julio Noboa, del bloque Unión Democrática Independiente (UDI), está elaborando una resolución para exigir al legislador Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización, y al vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Jorge Rodríguez, que presenten los nombres de los 60 congresistas que habrían participado en la red.

El independiente Iván Rodríguez sostuvo que si González no demuestra con pruebas sus afirmaciones tendrá que ser sometido al Código de Ética.

González se defendió y dijo que toda la información sobre el caso ha sido entregada al Ministerio Público y al presidente del Congreso.

“No hay sentido en que algunos diputados se sientan aludidos y recojan firmas para destituirme del Parlamento”, añadió.

González, no entregó a la prensa –como lo anunció  el lunes pasado– las copias del disco duro de la computadora de Ramiro Espinosa, ex subsecretario de Presupuesto.

El ordenador contiene, según el diputado, información clave para determinar responsables.

Recursos
El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Nelson Murgueytio, dijo que en varias ocasiones sus funcionarios fueron tentados por los intermediarios de partidas presupuestarias, pero no tuvieron cabida.

Identificados
Dijo no tener un listado de los nombres de esas personas corruptas, pero indicó que algunas de las que acudieron allá, tienen ya orden de captura y son conocidas públicamente.

Entrega de fondos
Si ese Ministerio entregó recursos a organismos seccionales, sostuvo Murgueytio, es porque estos no constan en el plan ministerial, pero sin duda también necesitan de atención gubernamental.

Responsabilidad
Por ello, dijo que la fiscalización y responsabilidad de esos recursos recaen en los dirigentes de los organismos seccionales.